Compromís y Chunta Aragonesista unen fuerza contra la renuncia del Gobierno al Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones
Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, y Jorge Pueyo, presidente de Chunta Aragonesista, afirman que la decisión del Gobierno de España supone un nuevo agravio para Aragón y el País Valencià y anuncian alegaciones para defender una doble vía electrificada para viajeros y mercancías
Valencia y Aragón, 25 de julio de 2026.- Compromís y CHA denuncian que el Gobierno de España quiere renunciar al desarrollo del eje ferroviario, Corredor Cantábrico-Mediterráneo, de altas prestaciones, una decisión que consideran un grave perjuicio para Aragón y el País Valencià y que deja sin una infraestructura estratégica a territorios como Sagunto, Teruel y el conjunto de la infraestructura.
CHA y Compromís considera que ésta no es una decisión técnica, sino una decisión política que vuelve a relegar las necesidades de Aragón y del País Valencià frente a las inversiones que sí reciben otros territorios del Estado.
La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirma que “mientras en otros territorios se destinan miles de millones de euros a infraestructuras estratégicas, al País Valencià y a Aragón se nos niega una doble vía electrificada que resulta imprescindible para conectar nuestros territorios, impulsar el desarrollo económico y garantizar la igualdad de oportunidades”.
Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, denuncia que “el ministro Óscar Puente sigue dejando de lado una infraestructura básica como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones. Aragón merece las mismas oportunidades que el resto del Estado y no puede continuar siendo castigado por la falta de inversiones ferroviarias”.
Compromís y CHA anuncian que presentarán alegaciones durante el actual trámite de información pública y consideran que esta infraestructura resulta esencial para mejorar la conectividad, favorecer la competitividad económica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. Finalmente, ambos partidos, exigen al Gobierno de España que rectifique su posición para garantizar una red ferroviaria moderna, competitiva y equilibrada.
CHA denuncia a las empresas que aprovechan las DIA bajo investigación judicial para relanzar macroproyectos ya rechazados
Jorge Pueyo: «¿Qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?»
CHA pregunta al Ministerio por el proyecto de Green Capital en el Matarranya que pretende recuperar ubicaciones de Forestalia que cuentan con DIA favorable gracias a la trama presuntamente corrupta que se encuentra en los tribunales
[Zaragoza, 18 de julio de 2026] CHA interpela al Ministerio para la Transición Ecológica por el nuevo macroproyecto eólico de la compañía Green Capital en la comarca turolense del Matarranya, que propone para los aerogeneradores localizaciones que obtuvieron declaración positiva cuando lo solicitó Forestalia y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial por la presunta trama corrupta del entonces subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez.
En los antecedentes de la iniciativa se explica que este proyecto de Green Capital, que cuenta con la oposición de la sociedad matarranyenca, es una reformulación del que recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa en verano del año pasado. Y que dicha DIA negativa fue importante para verificar la trama de corrupción en la concesión de declaraciones ambientales a Forestalia en el Ministerio para la Transición Ecológica, porque Forestalia había obtenido previamente una DIA positiva para un clúster eólico en la misma comarca, en los mismos municipios e incluso con localizaciones idénticas en determinados aerogeneradores. ¿Cómo era posible?, pues por la mano (presuntamente) del subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, figura que en el momento de evaluar el primer proyecto de Green Capital ya había cesado en sus funciones.
«A pesar de eso, nos encontramos con que la multinacional, en la actual reformulación del proyecto, ha presentado como alternativas localizaciones de aerogeneradores del proyecto de Forestalia con la excusa de que obtuvieron una DIA positiva. Es así de vergonzoso: lo hacen a pesar de que las DIA de Forestalia, todas, están bajo sospecha y siendo investigadas en sede judicial por corrupción en una gran trama que entronca con la de Leire Díaz, Santos Cerdán y Antxón Alonso», ha denunciado Jorge Pueyo, presidente de CHA. «Y es que, además, en las últimas semanas también hemos sabido que REPSOL adquirió a Forestalia el clúster del Matarranya junto con el de Begues, y pretende hibridarlos con la térmica de Escatrón para abastecer un centro de datos. Resulta repetitivo, pero es tan escandaloso que es necesario insistir en ello: la compañía REPSOL pretende servirse de proyectos presuntamente corruptos para su lucro. El escenario es sencillamente grotesco, una mal llamada transición ecológica y energética plagada de casos de corrupción en la que los proyectos hechos bajo la premisa del expolio de los territorios de sacrificio se traspasan entre promotores, a cada cual más insigne, a pesar de la oposición social, de la degradación medioambiental y de las sólidas sospechas de corrupción que son objeto de investigación judicial. ¿Qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?».
Las preguntas registradas a instancia de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso son las siguientes:
1. ¿Va a rechazar el MITECO la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto eólico del Matarranya de Green Capital por no cumplir con los mínimos establecidos en la legislación ambiental, en especial por lo que afecta al estudio de alternativas?
2. ¿Se va a rechazar el proyecto de Green capital por la prioridad temporal del de Forestalia, independientemente de su presunta ilegalidad? ¿Se puede aceptar a trámite un proyecto eólico que se solapa con otro ya aprobado, independientemente de su presunta ilegalidad, o debería declararse la incompatibilidad territorial de forma inmediata? ¿Cuáles son los criterios del órgano sustantivo en la aceptación de tramitaciones, o es una barra libre?
3. Visto que la pauta es que nuevas empresas traten de aprovechar declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial, ¿qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?
4. En términos generales, ¿va a permitir el Gobierno que las empresas presenten proyectos rechazados previamente hasta que se aprueben por error o por cansancio? ¿Qué tiene esto de ecológico o de transición?
Esta é una d’ixas batallas que dende el primer dia que va arribar a Madrid vam encomenzar a lluitar chunto a es companyeros asturianus.
Pilar Alegría como ministra diba que esto no se podeba fer pero a la fin trobam resultau, manimenos ara el Gubierno d’Aragón PP-Vox no quiere pic.twitter.com/6wxptfTjgN
CHA exige al MITECO confirmar el archivo definitivo de la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona
Jorge Pueyo denuncia el silencio del Ministerio acerca de si los promotores recurrieron la resolución desestimatoria en tiempo y forma, negando a la asociación demandante una información a la que tiene derecho
[Zaragoza, 4 de julio de 2026] Con fecha 22 de julio de 2025 se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se desestimó la solicitud de autorización administrativa para el Parque Eólico PEol-526 Kappa de 42 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, concretamente la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Laluenga-Isona. Dicha resolución contemplaba la opción de ser recurrida, por lo que el promotor del proyecto podía hacerlo dentro del periodo establecido legalmente. Pasado dicho plazo, se ignora si el promotor ha presentado recurso en tiempo y forma. En el caso de que no hubiera recurrido, la resolución de desestimación sería ya firme. Inexplicablemente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha respondido a las preguntas de la Asociación Ribagorza-Pallars siglo XIX sobre el archivo del expediente —que debería haberse producido en el caso de que la desestimación fuera definitiva—, a pesar de que dicha entidad tiene derecho a acceder a esa información.
Por ello, Chunta Aragonesista (CHA) ha promovido la presentación de la siguiente pregunta en el Congreso: «¿Recurrió en tiempo y forma el promotor de la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Laluenga-Isona a la resolución de 22 de julio de 2025 por la que se desestimó la solicitud de autorización administrativa para el Parque Eólico PEol-526 Kappa de 42 MW? En caso negativo, ¿se ha desestimado definitivamente la MAT Laluenga-Isona?».
También se ha registrado la siguiente pregunta: «¿Por qué motivo no se ha respondido a las preguntas de la Asociación Ribagorza-Pallars siglo XIX en relación con la presentación o no del recurso y la desestimación definitiva o no del citado proyecto?».
El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha denunciado la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica: «Resulta inaceptable que el MITECO tenga la mala costumbre de no responder a los requerimientos de información de colectivos ciudadanos que tienen todo el derecho a acceder a ella. Ya está bien de tanto silencio. Resulta incomprensible. ¿Qué tienen que ocultar? ¿La promotora eólica recurrió o no? ¿El expediente del proyecto de línea Laluenga-Isona se ha archivado definitivamente sí o no? No es tan difícil. Están agotando la paciencia de los aragoneses».
CHA propone ayudas para el cine en aragonés y para las salas de cine en el medio rural
Entre las enmiendas presentadas por el Grupo Plurinacional Sumar, CHA ha incluido medidas en favor de las lenguas reconocidas estatutariamente y para garantizar el acceso al cine en territorios de reto demográfico
[Madrid, 24 de junio de 2026] CHA ha incluido, entre las enmiendas registradas esta tarde por el Grupo Plurinacional Sumar del Congreso de los Diputados al proyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, varias enmiendas para fomentar la cinematografía y el audiovisual en lenguas reconocidas estatutariamente, aunque no sean cooficiales, como es el caso del aragonés o del asturiano, así como para ayudar a las salas de cine en el medio rural para garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura cinematográfica.
A propuesta de CHA, el Fondo para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano, reservará un mínimo del 5% para «las lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas».
Este fondo, destinado a «fomentar el desarrollo de proyectos, la producción, la distribución, la exhibición, la restauración y la promoción de la cinematografía y del audiovisual en lengua oficial distinta al castellano y en lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas», se articula a partir de convenios del Ministerio de Cultura con las comunidades autónomas con lengua propia y la contribución estatal se calcula en proporción a las aportaciones de cada comunidad al fomento del cine en su lengua en el ejercicio inmediato anterior.
Además, ese Fondo, que antes dependía de los límites presupuestarios en cada ejercicio, a propuesta de CHA, «estará dotado con una cuantía al menos del 10% de los recursos destinados al Fondo de Protección a la Cinematografía», que es el fondo que administra el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). De esta manera, se garantiza la estabilidad del fondo para las lenguas, que no queda al albur de los vaivenes presupuestarios de cada año.
Finalmente, CHA también ha promovido una enmienda en favor de las salas de cine del medio rural, con el texto siguiente: «En el marco de las políticas para hacer frente a la despoblación y el reto demográfico, se podrán establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, ayudas a las salas y redes de salas de exhibición cinematográfica en el medio rural con el objetivo de garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura cinematográfica.»
CHA reclama una regulación específica para garantizar la gestión efectiva de los montes de propiedad colectiva
Jorge Pueyo: «Tras varias generaciones, se ha dispersado la propiedad, incluso perdiéndose el hilo sucesorio, lo que hace imposible su gestión actualmente al exigir el Código Civil más del 50% de los condueños para adoptar decisiones ordinarias. Se trata de un problema legal que afecta a unos dos millones de hectáreas, el 7% de la superficie forestal española. Por eso hace falta una norma específica que resuelva las trabas que supone la imposibilidad de identificar a todos los titulares y, por tanto, de cumplir con los quorum exigidos por el Código Civil»
[Zaragoza, 10/05/2026] CHA ha preguntado en el Congreso al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por su voluntad de aprobar un proyecto de Ley que regule los montes de socios. Jorge Pueyo, presidente de CHA, ha declarado: «Los montes de socios es un modelo de gestión colectiva de montes reconocida como ‘best practice’ por la ONU, pero, tras varias generaciones, se ha dispersado la propiedad, incluso perdiéndose el hilo sucesorio, lo que hace imposible su gestión actualmente al exigir el Código Civil más del 50% de los condueños para adoptar decisiones ordinarias. Se trata de un problema legal que afecta a unos dos millones de hectáreas, el 7% de la superficie forestal española. Por eso, para intentar resolverlo, tanto en la Ley de Montes de 2003 como en su modificación de 2015, se abordó la creación de las juntas gestoras, pero, once años después, ha quedado de manifiesto que se precisa de una norma específica que corrija las dificultades que han surgido en la gestión de estos montes de socios. Una norma específica que resuelva las trabas que supone la imposibilidad de identificar a todos los titulares y, por tanto, de cumplir con los quorum exigidos por el Código Civil».
«A nadie se le escapa que la puesta en valor de estos montes de socios puede resultar muy útil en las políticas activas contra la despoblación, en territorios en riesgo demográfico. La gestión forestal y sus aprovechamientos, así como el uso sostenible de los recursos renovables que ofrecen estos montes, pueden ser activos para el desarrollo económico de estos municipios, además de favorecer la prevención de los incendios, sin olvidar, por supuesto, sus valores culturales, paisajísticos o turísticos. Durante la anterior legislatura la Asociación Forestal Soriana (ASFOSO) promovió una propuesta de texto legislativo para regular los montes de socios y la trasladó a todos los grupos parlamentarios, pero, aunque hubo un amplio acuerdo en los discursos, no ha llegado a aprobarse», ha recordado Pueyo.
El presidente de CHA recuerda que la Estrategia Forestal Española contempla como orientación una ley de montes de socios con el objetivo de dinamizar la propiedad forestal privada, fomentando iniciativas de concentración o de agrupación de terrenos forestales. Además, el Plan Forestal Español, aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2022, recoge como medida prioritaria la aprobación de la ley de montes de socios, como mejora del marco regulatorio para propiciar una mejor gestión patrimonial y para habilitar a las juntas gestoras como herramientas necesarias para hacer correctamente su función.
La gestión de la propiedad privada colectiva de montes surgió en el siglo XIX tras la desamortización y ha experimentado a lo largo del tiempo algunas dificultades. Varias generaciones después de que los vecinos compraran los montes con la intención de continuar aprovechando su leña, sus pastos para ganado, panales de abejas, etc., la propiedad ha pasado a pertenecer a centenares de descendientes, aunque muchos lo ignoren o no vivan en el pueblo, o se haya perdido el hilo de las sucesiones. El éxodo rural de los años sesenta y setenta del siglo XX provocó la dispersión, el abandono de esos montes y la despoblación de territorios, ocasionando en muchos casos la pérdida de sus herederos legítimos. Con el Código Civil vigente resulta imposible gestionar esos montes, pues las decisiones ordinarias exigen más del 50% de las cuotas de los condueños.
Por todo ello, Chunta Aragonesista (CHA), a través del diputado Alberto Ibáñez, ha presentado en el Congreso la siguiente pregunta: «¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para regular los montes de socios? ¿En qué plazo prevé que pueda aprobarse una iniciativa legislativa que responda a las demandas de los colectivos concernidos?»
CHA pregunta por el papel de asesor de Eugenio Domínguez, investigado por el caso Forestalia
Jorge Pueyo: «Queremos saber si a Eugenio Domínguez se le contrató para seguir tramitando los expedientes de Forestalia con alfombra roja, tal como sospecha la Guardia Civil. Queremos saber si la ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado Hugo Morán conocían las advertencias que el personal de la subdirección general estaba haciendo sobre las irregularidades de Domínguez. La sociedad merece saber todo lo que ocurrió dentro del ministerio con el caso Forestalia»
[Zaragoza, 7/05/2026] CHA quiere que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esclarezca las razones por las que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez, investigado por la presunta tramitación irregular de los expedientes de Forestalia, fue contratado como asesor por el secretario de Estado de Medio Ambiente tras su jubilación. Para ello, se ha registrado una pregunta en el Congreso y se ha solicitado por vía reglamentaria el contrato de Domínguez como asesor. El presidente de CHA Jorge Pueyo ha declarado: «Queremos saber si a Eugenio Domínguez se le contrató para seguir tramitando los expedientes de Forestalia con alfombra roja, tal como sospecha la Guardia Civil. Queremos saber si la ministra Teresa Ribera y el secretario de Estado Hugo Morán conocían las advertencias que el personal de la subdirección general estaba haciendo sobre las irregularidades de Domínguez, porque la directora general de Evaluación Ambiental sí las conocía. Queremos saber por qué el personal funcionario de la Subdirección General de Evaluación Ambiental no volvió a asumir la tramitación de proyectos de Forestalia tras la jubilación de Domínguez, ¿es porque se continuaba ocupando de ellas desde el puesto de asesor? Queremos saber qué expedientes tramitó Eugenio Domínguez mientras ejercía de asesor y si el secretario de Estado supervisó ese trabajo. La sociedad merece saber todo lo que ocurrió dentro del ministerio con el caso Forestalia». Contina leyendo →
Ignacio, la Ministra de Vivienda y los Ministros de tu partido no han ido y no habéis hecho nada para que el Real Decreto de alquileres fuese aprobado.
Tapate, que seguís sin hacer nada por regular el precio de la vivienda más allá de pedir a los rentistas por favor que lo hagan https://t.co/7n9ciPu7NY
CHA y Comuns exigen un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado para la MAT Escatrón-La Secuita
Han presentado una proposición no de ley de rechazo de este proyecto fragmentado artificialmente en 7 expedientes para impedir una evaluación ambiental completa. «Consideramos que la transición energética es necesaria y urgente, pero debe realizarse con criterios de racionalidad territorial, proximidad entre generación y consumo y cuya magnitud sea sometida a un Estudio de Impacto Ambiental integral que analice el conjunto del proyecto y sus ramificaciones, evaluando alternativas de trazado, soterramiento parcial y medidas correctoras suficientes. La proliferación desordenada de macroparques eólicos y fotovoltaicos, junto con sus infraestructuras de evacuación, está generando una sobreocupación de comarcas enteras, afectando a la biodiversidad, a los paisajes agrarios, a zonas de alto valor ecológico y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y ZEPA», ha declarado Jorge Pueyo, presidente de CHA.
[Madrid, 22/04/2026] A iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y Comuns, el Grupo Plurinacional Sumar ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que se manifiesta el rechazo al proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita por haberse fragmentado artificialmente en siete expedientes, lo que ha impedido que se realizara una evaluación ambiental completa y coherente. También se insta al Gobierno a realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado del conjunto del proyecto y de sus infraestructuras asociadas, incorporando los efectos acumulativos y sinérgicos, y en el que se incluya un análisis comparado de alternativas reales, motivando expresamente la opción seleccionada en términos de proporcionalidad y minimización de impactos. Finalmente, se exigen garantías de participación pública y transparencia, así como mecanismos de seguimiento y gobernanza con los municipios afectados y otros agentes del territorio, antes de cualquier decisión irreversible, con el objetivo de evitar o minimizar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas. Contina leyendo →
CHA pregunta por el papel de asesor de Eugenio Domínguez, investigado por el caso Forestalia 
Jorge Pueyo 