Aragón arde: Azcón y Nolasco responsables (manifestación 23 de agosto)

Aragón sin pueblos no es Aragón: ¡preséntate! (vídeo)

Moratoria para nuevos centros de datos: transparencia, planificación pública y retorno real al territorio

Aragón,14 de julio de 2026. CHA ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para abrir un debate de fondo sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y exigir al Gobierno de Jorge Azcón que diseñe una estrategia pública que garantice la protección de los recursos naturales de Aragón y el interés general.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, plantea la elaboración de una planificación estratégica de esta industria, con participación pública de todos los sectores y ámbitos afectados, que evalúe el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.

“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene CHA.

Por ello, la PNL propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos, hasta que exista una planificación pública que determine la capacidad real del territorio para asumir estas instalaciones.

CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.

La iniciativa política de CHA también reclama un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, además de planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.

Del mismo modo, CHA defiende que los municipios aragoneses que albergan estas instalaciones deben obtener un retorno económico acorde al impacto que soportan. Por ello propone crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de forma que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas. Asimismo, plantea que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas infraestructuras.

La proposición no de ley de CHA también reclama al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acelerar la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía, así como a modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.

Finalmente, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población.

“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Pueyo.

Azcón rechaza declarar zonas tensionadas

Aragón, 8 de julio de 2026.- CHA critica la decisión del Gobierno de Aragón de negarse a declarar zonas tensionadas de vivienda en aquellos municipios que lo soliciten, una medida prevista en la Ley por el Derecho a la Vivienda y que ya están aplicando otras comunidades autónomas como Navarra o Cataluña, por ejemplo, para facilitar el acceso a la vivienda allí donde el mercado presenta graves desequilibrios.

Para CHA, el Ejecutivo de Azcón vuelve a dar la espalda a los municipios que llevan tiempo reclamando herramientas para afrontar un problema que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas con mayor presión turística. Ayuntamientos como Aínsa o Canfranc han solicitado la colaboración del Gobierno de Aragón que junto a la regulación de las viviendas de uso turístico, les permita disponer de los instrumentos normativos que contempla la legislación para hacer frente al incremento de los precios en sus territorios.

Pueyo subraya que “son los propios ayuntamientos quienes están reclamando estas medidas porque saben que la falta de vivienda asequible expulsa a la gente joven de sus pueblos, impide que nuevos vecinos y vecinas puedan instalarse y dificulta que trabajadores puedan trasladarse a estas localidades. Negarse a actuar supone dejar el precio de la vivienda en manos de la especulación y proteger los intereses de quienes más capacidad económica tienen.

“Octavio López vive en un país imaginario elitista. La realidad demuestra que no solo se baja el precio de la vivienda a base de ladrillo, ya sabemos cómo acaba eso. Es incapaz de bajar el precio de la vivienda en Aragón escuchando al territorio y respetando sus propuestas. Dejando la solución en manos de los grupos privados que vienen a lucrarse no va a resolver el problema, más bien al contrario”,  señala Pueyo.

“En lugar de rechazar por motivos partidistas los instrumentos que ofrece la ley, el Gobierno de  Azcón debería aprovechar todas las herramientas disponibles en beneficio de Aragón Lo que está en juego es garantizar que nuestros pueblos sigan teniendo habitantes y futuro”,  concluye Pueyo.

Apoyando al cine en aragonés y a las salas de cine en el medio rural

[Madrid, 24 de junio de 2026] CHA ha incluido, entre las enmiendas registradas esta tarde por el Grupo Plurinacional Sumar del Congreso de los Diputados al proyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, varias enmiendas para fomentar la cinematografía y el audiovisual en lenguas reconocidas estatutariamente, aunque no sean cooficiales, como es el caso del aragonés o del asturiano, así como para ayudar a las salas de cine en el medio rural para garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura cinematográfica.

A propuesta de CHA, el Fondo para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano, reservará un mínimo del 5% para «las lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas».

Este fondo, destinado a «fomentar el desarrollo de proyectos, la producción, la distribución, la exhibición, la restauración y la promoción de la cinematografía y del audiovisual en lengua oficial distinta al castellano y en lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas», se articula a partir de convenios del Ministerio de Cultura con las comunidades autónomas con lengua propia y la contribución estatal se calcula en proporción a las aportaciones de cada comunidad al fomento del cine en su lengua en el ejercicio inmediato anterior.

Además, ese Fondo, que antes dependía de los límites presupuestarios en cada ejercicio, a propuesta de CHA, «estará dotado con una cuantía al menos del 10% de los recursos destinados al Fondo de Protección a la Cinematografía», que es el fondo que administra el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). De esta manera, se garantiza la estabilidad del fondo para las lenguas, que no queda al albur de los vaivenes presupuestarios de cada año.

Finalmente, CHA también ha promovido una enmienda en favor de las salas de cine del medio rural, con el texto siguiente: «En el marco de las políticas para hacer frente a la despoblación y el reto demográfico, se podrán establecer, en colaboración con las comunidades autónomas, ayudas a las salas y redes de salas de exhibición cinematográfica en el medio rural con el objetivo de garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura cinematográfica.»

Trasladando las reivindicaciones de la ciudadanía aragonesa al Pleno de las Cortes

[Aragón, 6 de junio de 2026] CHA llevará al pleno del 12 de junio las diferentes luchas sociales a las Cortes de Aragón y reclamará respuestas claras, justas e inmediatas al Gobierno en materias tan esenciales para un vida digna en Aragón.

CHA pretender llevar a cabo un ejercicio de control político y de escucha social en el territorio para obligar al Ejecutivo de Azcón a dar una respuesta, en sede parlamentaria, a los problemas reales que afectan al día a día de la ciudadanía aragonesa

De este modo, el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, reclamará al consejero de Medio Ambiente y Turismo, explicaciones sobre las demandas de colectivos ecologistas ante la implantación masiva de los centros de datos en Aragón y cómo piensa atender la lógica preocupación sobre su grave impacto territorial, energético y ambiental, dado su elevado consumo de agua.

Por su parte, la portavoz adjunta de CHA, Isabel Lasobras, pedirá respuestas concretas a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, sobre las demandas de las plataformas por una educación pública aragonesa de calidad, así como, en el ámbito sanitario, trasladando al Consejero Sanz el rechazo territorial a los procesos de privatización.

Igualmente, la portavoz adjunta de CHA, Verónica Villagrasa, reclamará al consejero Roberto Bermúdez de Castro, cómo piensa atender las reivindicaciones históricas para el establecimiento de una carrera profesional en la administración pública aragonesa y dar una cobertura inmediata a los puestos de trabajo en Aragón que ahora están sin cubrir.

En esta línea, el diputado Miguel Jaime pedirá explicaciones a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sobre las medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Aragón, agravados por el conflicto bélico en Oriente Medio, así como al consejero de Economía, Competitividad y Empleo, sobre el apoyo a las demandas del sector de la limpieza que están ahora en plena huelga por un convenio justo.

También la diputada Mary Carmen Bozal trasladará a la Consejera Mar Vaquero la petición de respuesta sobre las demandas de colectivos feministas para garantizar una atención presencial 24 horas en centros de crisis para víctimas de violencia machista, reclamando cómo va a reforzarse este servicio esencial. Igualmente interrogará a Nolasco sobre las demandas y preocupaciones de los colectivos implicados en la cooperación internacional ante los nuevos recortes anunciados por este Gobierno.

Finalmente, el diputado Mascún Ariste reclamará al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, todo tipo de explicaciones sobre las demandas vecinales de equipamientos públicos en Zaragoza y cómo se va a dar respuesta a estas necesidades en materia de servicios públicos e infraestructuras básicas , dado que no se está atendiendo adecuadamente las reivindicaciones de los barrios de la ciudad.

CHA destaca que este conjunto de iniciativas busca conseguir que el pleno de las Cortes sea en un espacio donde las demandas sociales y territoriales entren de lleno en el debate político. El objetivo es obligar al Gobierno de Aragón a posicionarse y ofrecer toda una serie de respuestas concretas ante las demandas de la ciudadanía y de los diferentes colectivos y asociaciones aragonesas.