Azcón es un comercial de los tecno-oligarcas y no responde a ninguna de las preguntas de la oposición sobre Centros de Datos ni macrorrenovables. La comparación es clara. Azcón, como el gobernador de Virginia o como Saruman, también caerá.
— Chunta Aragonesista (@chunta) September 25, 2026
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“Freiría a impuestos a los centros de datos” (entrevista en Radio Zaragoza)
“Yo los freiría a impuestos”: Jorge Pueyo carga contra la avalancha de centros de datos en Aragón
Los centros de datos y la reorganización del espacio político a la izquierda del PSOE han marcado la intervención del portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, en el programa La Rebotica de Radio Zaragoza. En esta entrevista aprovechaba para lanzar duras críticas al modelo de implantación tecnológica impulsado por el Gobierno de Aragón y para defender una amplia confluencia progresista de cara a las próximas citas electorales.
[Entrevista en este enlace].
Los centros de datos expolian Aragón (vídeo)
Alegando al real decreto de centros de datos
CHA alega al decreto de centros de datos por poco ambicioso e inconcreto
Las alegaciones de CHA proponen un mapa de zonas hiperpobladas de estos centros y criterios científicos que impidan su instalación por sus limitaciones en consumo energético e hídrico y las distancias a centros urbanos, así como medidas que garanticen la soberanía digital, promuevan el reciclado de sus materiales electrónicos, mitiguen el impacto acústico continuo y el efecto de isla de calor.

Con la firma de su Presidente Jorge Pueyo, CHA ha presentado 25 alegaciones al «proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos», elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque se valora positivamente que se pretendan establecer criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital y a pesar de que esta legislación pone al Estado español a la vanguardia de Europa y adelantándose al trabajo de la Unión Europea, CHA considera que la propuesta resulta poco ambiciosa y concreta en ciertos apartados, al no abordar algunos de los desafíos que, en estos momentos, constituyen un motivo de verdadera preocupación para los aragoneses y aragonesas.
CHA exige hacer cumplir de forma efectiva los requisitos de soberanía digital que se enuncian, estableciendo controles y ampliando los medios humanos y materiales para ello, priorizando a empresas europeas, garantizando el equipamiento y el software diseñados o fabricados en la UE y velando por la no transferencia de datos fuera de la UE. Propone desarrollar el requisito de los beneficios económicos y sociales que ignora el real decreto y establecer indicadores de empleo, reutilización de calor residual o consumo hídrico, entre otros, en las evaluaciones previstas a los tres años.
Por otra parte, el real decreto fomenta indirectamente una sobrexplotación y sobreconsumo de energías renovables que conduciría a una nueva ola de sobreocupación de terrenos para la implantación de macroparques eólicos y solares, tensionando de nuevo la convivencia en el territorio. Por ello, frente a cualquier tentación de convertir Aragón en territorio de sacrificio, CHA propone que el Gobierno español elabore un mapa situacional y zonal que evalúe qué zonas se encuentran hiperpobladas por proyectos de este tipo, tanto instalados como proyectados, y qué zonas se encuentran tensionadas por estas instalaciones, teniendo en cuenta los recursos disponibles de superficie, energía y agua, y delimitando mediante criterios ambientales claros establecidos por expertos y científicos las zonas en las que no se permita la instalación de centros de datos dadas las limitaciones razonables de recursos.
Además, se solicita regular la tipificación urbanística del suelo destinado a la implantación de centros de datos y las distancias mínimas entre su ubicación y los núcleos urbanos, zonas residenciales o espacios naturales periurbanos (como la arboleda singular de los Pinares de Venecia, verdadero bosque de los zaragozanos), así como evaluar y mitigar el impacto acústico continuo, reutilizar el calor residual, tener en cuenta el efecto de isla de calor e implantar medidas de circularidad mediante un plan de reciclado y recuperación de los materiales electrónicos de los centros de datos y de los centros de energías renovables que los alimentan.
Cuestionando la instalación de centros de datos (en Aragón TV)
Imagina los incendios con 2ºC más
Centros de datos: ¿inversión o hipoteca?
¿Radical?
Moratoria para nuevos centros de datos: transparencia, planificación pública y retorno real al territorio
CHA propone una moratoria para nuevos centros de datos en Aragón hasta aprobar una planificación que garantice un uso sostenible de la energía y el agua
Jorge Pueyo, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, reclama “transparencia, planificación pública y un retorno real para el territorio antes de seguir autorizando nuevos proyectos”

Aragón,14 de julio de 2026. CHA ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para abrir un debate de fondo sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y exigir al Gobierno de Jorge Azcón que diseñe una estrategia pública que garantice la protección de los recursos naturales de Aragón y el interés general.
La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, plantea la elaboración de una planificación estratégica de esta industria, con participación pública de todos los sectores y ámbitos afectados, que evalúe el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.
“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene CHA.
Por ello, la PNL propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos, hasta que exista una planificación pública que determine la capacidad real del territorio para asumir estas instalaciones.
CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.
La iniciativa política de CHA también reclama un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, además de planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.
Del mismo modo, CHA defiende que los municipios aragoneses que albergan estas instalaciones deben obtener un retorno económico acorde al impacto que soportan. Por ello propone crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de forma que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas. Asimismo, plantea que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas infraestructuras.
La proposición no de ley de CHA también reclama al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acelerar la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía, así como a modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.
Finalmente, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población.
“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Pueyo.