CHA llama a movilizarse contra la implantación masiva y sin control de los centros de datos en Aragón

Jorge Pueyo, presidente de CHA, denuncia que el Gobierno de Azcón hipoteca el agua, la energía y el territorio aragonés al servicio de las multinacionales

[Aragón, 7/11/2026] CHA reclama al Gobierno de Aragón una planificación integral de la implantación de centros de datos que evalúe sus consecuencias económicas, energéticas, hídricas, ambientales y territoriales antes de autorizar nuevos proyectos.

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, advierte que Aragón está asistiendo a una expansión masiva de estas instalaciones sin que el Ejecutivo PP-Vox conozca ni haya explicado cuál será su impacto conjunto: «No sabemos cuánta electricidad y agua van a necesitar, cuánto territorio va a ocupar ni qué consecuencias tendrán para el conjunto de Aragón. Se está permitiendo su instalación, incluso mediante proyectos de interés general de Aragón, sin una planificación que garantice el interés público».

Pueyo alerta de las estimaciones que apuntan a que hasta un 32% del territorio aragonés podría verse afectado por nuevas instalaciones de generación energética vinculadas a estas necesidades. También ha cuestionado que se conozcan suficientemente los efectos sobre la calidad del aire, el ruido, la contaminación lumínica y las denominadas islas o nubes de calor.

El presidente de CHA pone el foco en la presión que estos proyectos pueden ejercer sobre dos recursos estratégicos para Aragón: el agua y la electricidad. «No podemos hipotecar nuestros recursos naturales y nuestra capacidad energética para ponerlos al servicio de grandes multinacionales mientras nuestro sector agrícola, ganadero, pequeñas empresas, industrias y familias aragonesas pueden acabar soportando las consecuencias».

Pueyo ha recordado que, según los datos conocidos, el consumo de agua de los centros de datos del norte de Virginia aumentó un 63% entre 2019 y 2023, y ha citado también el caso de Países Bajos, donde el consumo real de una instalación de Microsoft en Hollands-Kroon superó ampliamente las previsiones iniciales.

En Aragón, señala el caso del centro de datos de El Burgo de Ebro, cuyo consumo de agua habría aumentado un 48%, cuestionando que se pueda avanzar en estos proyectos sin evaluar adecuadamente la disponibilidad de recursos, las necesidades de saneamiento, el impacto de los vertidos y los escenarios de sequía. «¿Qué ocurrirá cuando falte agua o electricidad? ¿A quién se le aplicarán las restricciones? ¿A las grandes multinacionales o al resto de empresas y a la ciudadanía aragonesa?».

CHA denuncia asimismo que la fórmula de los proyectos de interés general de Aragón está permitiendo una implantación empresarial con importantes ventajas fiscales, pero sin garantías suficientes de retorno económico y social para los municipios afectados.

Pueyo comparte las advertencias trasladadas por el alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero, sobre las consecuencias de estos proyectos y ha señalado que las promesas de empleo y desarrollo local deben contrastarse con resultados reales. En este sentido, ha citado el impacto fiscal que podría tener para Villamayor la aplicación de estas exenciones, con una pérdida estimada de entre 50 y 60 millones de euros de ingresos municipales. «¿Por qué vienen estas empresas a Aragón? No es precisamente por solidaridad con nuestros pueblos. Vienen también por las ventajas que les ofrece un modelo que socializa los costes y reduce sus obligaciones fiscales».

Pueyo advierte además del riesgo de una burbuja especulativa que deje instalaciones obsoletas o sin uso y ha citado el caso de Box2Bit, cuyo proyecto ha quedado abandonado, según ha señalado, tras la operación vinculada a las conexiones de la red eléctrica. A ello se suma, ha denunciado, la opacidad de los procedimientos, los acuerdos de confidencialidad y la falta de información accesible para ayuntamientos y ciudadanía sobre los impactos reales de las instalaciones, incluidos los planes de contingencia, autoprotección y necesidades de nuevas infraestructuras energéticas.

«Aragón ha hecho durante décadas un enorme esfuerzo para producir energía, soportando las consecuencias territoriales y ambientales de pantanos, parques eólicos y plantas fotovoltaicas. No podemos permitir que ahora esa energía no sirva para fortalecer nuestra industria, reducir la factura de los hogares o generar oportunidades en nuestros pueblos, sino que quede condicionada por los intereses de grandes multinacionales estadounidenses y fondos especulativos», afirma Pueyo.

Finalmente, el presidente de CHA reclama una soberanía digital propia, pública y bajo control del Gobierno de Aragón, que garantice que los datos de las instituciones, de Hacienda y del sistema sanitario aragonés estén protegidos y no dependan de los intereses de grandes corporaciones privadas. «Aragón necesita decidir qué modelo digital quiere, qué recursos está dispuesto a comprometer y qué beneficios obtiene a cambio. No podemos arrodillar nuestros datos ante Trump y sus empresas».

Por ello, CHA hace un llamamiento a la participación ciudadana en las movilizaciones convocadas contra la implantación masiva y sin control de centros de datos: hoy viernes, a las 18.00 horas, en Huesca, y mañana sábado, a las 12.00 horas, en el Paraninfo de Zaragoza. “Defender el agua, la energía, el territorio y el futuro de nuestros pueblos es una responsabilidad compartida”.