“No seremos cómplices de la grave violación del derecho internacional por parte de Israel”

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Más de 200 legisladores de 13 estados nos hemos unido para oponernos a las exportaciones de armas a Israel. Este manifiesto de la Internacional Progresista lo hemos firmado 35 parlamentarios de las Cortes Generales españolas. Podéis consultar las firmas en este enlace. Aquí tenéis el texto:

Nosotros, los diputados abajo firmantes, declaramos nuestro compromiso de poner fin a la venta de armas de nuestras naciones al Estado de Israel.

Nuestras bombas y municiones no deben utilizarse para asesinar, mutilar y desposeer a los palestinos. Pero lo son: sabemos que las armas letales y sus piezas, fabricadas o enviadas a través de nuestros países, ayudan actualmente a perpetrar el ataque israelí contra Palestina, que ha cobrado más de 30.000 vidas en Gaza y Cisjordania.

No podemos esperar. Tras la sentencia provisional de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de la Convención contra el Genocidio contra el Estado de Israel, el embargo de armas ha pasado de ser una necesidad moral a convertirse en una exigencia legal.

No seremos cómplices de la grave violación del derecho internacional por parte de Israel. La CIJ ordenó a Israel que no matara, dañara o “infligiera deliberadamente a los [palestinos] condiciones de vida calculadas para provocar… la destrucción física”. Se han negado. En lugar de ello, siguen adelante con un asalto planificado a Rafah que el Secretario General de las Naciones Unidas ha advertido que “aumentará exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria.”

Hoy, adoptamos una postura. Tomaremos medidas inmediatas y coordinadas en nuestras respectivas legislaturas para impedir que nuestros países armen a Israel.

La sociedad aragonesa con Palestina

Esta mañana he participado, junto a Ibrahim Abiat, presidente de la Casa Palestina de Aragón, David Gras, portavoz de la campaña ‘Aragón con Palestina’, y una amplia representación de las entidades políticas y sociales solidarias con el pueblo palestino, en la rueda de prensa en la que se ha presentado la iniciativa ‘Palestina. La sociedad aragonesa al Gobierno español’, apoyada por la firma de 2.000 personas y decenas de colectivos. Esta iniciativa exige al Gobierno español sanciones económicas y diplomáticas para Israel, el cese del comercio de armas a Israel hasta que cumpla con la legislación internacional, el restablecimiento urgente de los servicios básicos en territorio palestino, el acceso inmediato de ayuda humanitaria en el territorio atacado y el inmediato reconocimiento del Estado palestino, entre otras medidas.

Al comienzo de mi intervención he recordado las dantescas cifras de personas asesinadas, heridas y desplazadas por los ataques israelíes sobre Gaza. Estamos ante un auténtico genocidio. Solo eso permite justificar que las mismas sanciones que se han aplicado a Rusia puedan ser aplicadas a Israel. Debemos estar a la altura de las circunstancias porque nos encontramos ante un auténtico genocidio. Aunque debemos felicitarnos de que el Gobierno español mantenga la financiación de la agencia UNRWA o que rechace las matanzas de civiles, creemos que se debe de ir más allá en la línea marcada por la iniciativa aragonesa. Resulta una absoluta incoherencia que, mientras se cuestiona la matanza indiscriminada de civiles en Gaza, el Estado español continúe vendiendo armas a Israel. Sobre esta cuestión ya puedo adelantar que el Grupo Plurinacional Sumar va a preguntar al Gobierno. 

Aquí tenéis la información publicada en Arainfo («Aragón exige al Gobierno español reconocimiento para Palestina y sanciones contra Israel») y en el informativo de Aragón TV:

Con Sudáfrica, haciendo frente al genocidio de Gaza

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Hoy Sudáfrica ha puesto voz a la dignidad y la esperanza de todo el mundo, al llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio y al pedir medidas cautelares para detener cualquier actuación militar en la Franja de Gaza. Por eso, nos hemos sumado a la petición sudafricana para que Israel deje de matar y deje de imponerles deliberadamente a la población palestina de Gaza graves daños psíquicos y físicos de forma calculada que provoquen su destrucción física como grupo, así como para permitir el acceso a la ayuda humanitaria.

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Es cierto que la Corte Internacional de Justicia no dispone de medios coercitivos para hacer cumplir sus veredictos, pero queda una salida: pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una resolución. En ese caso, si Estados Unidos ejerciera una vez más su derecho de veto para proteger a Israel, tengamos en cuenta que sería la primera vez que bloquea una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Por todo ello, junto a las exigencias desplegadas en los últimos meses, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar apoyamos que la CIJ ordene las medidas cautelares imprescindibles con el objetivo de frenar el genocidio e imponer un alto el fuego inmediato.

Poner fin al comercio de armas con Israel

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Este mediodía, en las escalinatas del Congreso, entre los leones, una buena representación de diputadas y diputados del Congreso, nos hemos manifestado para exigir que se detenga ya el genocidio del pueblo palestino por todos los medios a nuestro alcance. El camino más directo puede ser poner fin al comercio de armas con Israel. Por eso, los grupos de la izquierda de esta cámara nos hemos sumado de esta forma a la campaña promovida por 375 organizaciones de solidaridad. #StopGazaGenocide

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Una jornada para no olvidar la causa del Pueblo Saharaui

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Ayer fue una jornada parlamentaria muy prosaharaui. Por la mañana, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentamos un Proposición de Ley para otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos en los años en los que el Sáhara Occidental era una provincia más del Estado español, es decir, nacidos antes de 1976. Ya había sido admitida a trámite una propuesta idéntica por el Pleno del Congreso el pasado mes de febrero pese al voto contrario del PSOE y las abstenciones de Vox. La iniciativa en esta ocasión ha sido presentada en rueda de prensa por los diputados Enrique Santiago, Tesh Sidi y Agustín Santos. En palabras de mi amiga y compañera, la diputada saharaui Tesh Sidi, “esta proposición de ley es un ejercicio de memoria restaurativa hacia los y las ciudadanas de origen saharaui que nacieron bajo ocupación española. Reducir el tiempo a dos años para solicitar la ciudadanía es un gran logro y un gran avance”.

Y por la tarde pude asistir a la Conferencia Interparlamentaria sobre el Sáhara Occidental que se celebró en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Este acto sirvió como apertura a la 47ª Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui (Eucoco), que, con el lema “La independencia es la única solución”, ha tenido lugar durante este fin se semana en Toledo. La conferencia interparlamentaria ha reunido a los intergrupos parlamentarios “Paz y Libertad para el pueblo saharaui” tanto del Congreso y del Senado como de los parlamentos autonómicos, así como al del Parlamento Europeo, con el objetivo de marcar una agenda de trabajo entre las diferentes formaciones políticas a nivel estatal e Internacional, además de mostrar la fuerza del movimiento en solidaridad con el pueblo saharaui en este complejo contexto internacional y especialmente tras el giro de la política exterior española de hace un año y medio.

Este es el texto de la DECLARACIÓN FINAL de la Conferencia Interparlamentaria:

Parlamentarios y parlamentarias, reunidos en el Congreso de los Diputados el día 30 de noviembre de 2023, con motivo de la celebración de la 47a edición de la EUCOCO los días 1 y 2 de diciembre en Toledo, expresamos:

Nuestros deseos de éxito para esta edición de la “Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Ésta se ha convertido en el mayor evento de solidaridad con el pueblo saharaui, deviniendo un espacio de reflexión y coordinación fundamental para trazar estrategias comunes con carácter anual.

Así mismo, desde este espacio de diálogo, exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas para que lleve a cabo un referéndum que permita al pueblo saharaui, en el marco del Derecho Internacional, ejercer sus legítimos derechos a la autodeterminación e independencia.

Ha quedado patente a lo largo de la historia, pero especialmente tras los últimos acontecimientos, que la eternización de los conflictos no puede ser una opción a considerar. Hacerlo no garantiza más que, entre otras, vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos, catástrofes humanitarias e inestabilidad en diferentes regiones del mundo.

De igual modo, mostramos nuestra preocupación por la situación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental e instamos a Marruecos a permitir la entrada al territorio a organizaciones y observadores internacionales. Asimismo, apelamos a incluir la supervisión de los Derechos Humanos entre las competencias de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental(MINURSO) y a la inmediata liberación de los presos saharauis.

Esperamos con expectación las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la inclusión del territorio del Sahara Occidental en los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos. Confiamos que una vez confirmada la jurisprudencia ya sentada por el Tribunal, se ponga fin a la ilegal explotación de los recursos naturales en el Sahara Occidental.

Exhortamos al Gobierno de España a que asuma el rol prominente que le corresponde en lo referido al Sahara Occidental, -habida cuenta de su condición de potencia administradora del territorio-, y contribuya de manera determinante a la descolonización del Sahara Occidental.

Siendo conscientes de la importancia de la acción parlamentaria, deseamos expresar nuestro apoyo a la Red Interparlamentaria para el Sahara Occidental (RIPSO) y garantizar una gran participación en la próxima reunión que se celebrará en Argelia.

Por último, instamos a los parlamentarios y las parlamentarias de todo el mundo a que incluyan en su actividad parlamentaria, acciones que contribuyan de manera efectiva a que el pueblo del Sahara Occidental pueda ejercer sus legítimos derechos a la autodeterminación e independencia.