Esta mañana, en la sala Clara Campoamor del Congreso, he podido conocer de primera mano la realidad que hay detrás de la llegada de Gas Natural Licuado (GNL) a los puertos españoles en barco desde EEUU, para sustituir al gas ruso, vetado tras la invasión de Ucrania. Las activistas Chloe Torres y Jennifer Espino, de Texas Campaign for the Environment, por mediación de Ecologistas en Acción y la red Gas No Es Solución, se han reunido en el Congreso con varios diputados: el socialista Daniel Senderos y, del Grupo Sumar, Júlia Boada, Engracia Rivero, Mar González y yo mismo. Nos han expuesto el impacto que el fracking tiene sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las comunidades afectadas en el estado de Texas y ha quedado una pregunta en el aire: Si se prohíbe el fracking en España, ¿por qué se exporta gas extraído con fracking?

Ecologistas en Acción en su cuenta de X ha destacado algunas frases de la reunión. Primero Chloe Torres ha dicho: “Seguridad energética en Europa significa una inseguridad extrema en algunas comunidades de EEUU. Significa impactos en la salud, significa muerte”. Luego, Jenny Espino, hablando sobre el racismo medioambiental, nos ha dejado este dato: “En algunas comunidades la esperanza de vida son 17 años menos que en las poblaciones blancas”. Finalmente, Marina Gros, de Ecologistas en Acción, que ha moderado la sesión, ha afirmado: “La adicción de Europa al gas es responsable directa del sufrimiento en las comunidades. Debemos prohibir las importaciones de fracking como prohibimos esta técnica de extracción en nuestro territorio”. Antes de terminar, los distintos representantes políticos expresamos nuestro apoyo a sus legítimas reclamaciones.