Esta tarde he asistido a una reunión muy interesante y después hemos comparecido ante los medios de comunicación en la ciudad de Huesca. Aquí tenéis la nota de prensa:
CHA defiende prohibir a maltratadores trabajar con menores de edad
Jorge Pueyo: «Es imprescindible modificar cuanto antes la Ley Orgánica 8/2021 para exigir al personal que trabaja con menores un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad”
En una reunión de representantes de CHA con Paloma Delgado, el diputado Jorge Pueyo, que ha preguntado al Gobierno, ha trasladado el apoyo del ministerio de Juventud e Infancia con la reforma legal que promueve el colectivo Docentes Decentes
Nota de Prensa, 3/03/2025. Esta tarde, Jorge Pueyo, diputado de CHA en el Congreso en el Grupo Plurinacional Sumar, e Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y diputada de las Cortes de Aragón, se han reunido en Huesca con Paloma Delgado, víctima junto con sus dos hijos de violencia machista que defiende que se reforme la legislación para impedir que condenados por violencia de género o familiar puedan trabajar con menores de edad. En el encuentro también han participado Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Uesca, José Ramón Ceresuela, secretario de Organización de CHA, y César Ceresuela, presidente de CHA-Plana de Uesca.
En diciembre el diputado Jorge Pueyo trasladó al Congreso la campaña Docentes Decentes, promovida por las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria Goya Contina leyendo →
Desde la sociedad civil se ha interpelado a la administración sobre el caso de un profesor condenado por maltrato a su esposa y a sus hijos y que da clase en un instituto de Zaragoza. Ante la movilización de madres, padres, profesorado y alumnado en favor de una reforma legislativa que impida que algo así pueda suceder, he decidido trasladar la campaña Docentes Decentes al Congreso. Se cuenta en esta nota de prensa:
Jorge Pueyo traslada al Congreso el caso del profesor del IES Goya condenado por maltrato
El diputado aragonesista ha preguntado al Gobierno si tiene previsto abordar la reforma de la legislación para evitar que las personas condenadas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar puedan trabajar con menores de edad
Nota de Prensa, 21/12/2024. Esta semana, Jorge Pueyo, diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, ha trasladado al Congreso a través de una pregunta dirigida al Gobierno la campaña Docentes Decentes, promovida por las madres y padres del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para que se reforme la legislación para impedir que condenados por violencia de género o familiar puedan trabajar con menores de edad.
El pasado 18 de noviembre familias, alumnado y personal docente se concentraron a las puertas del Instituto de Educación Secundaria Goya de Zaragoza para denunciar que un profesor, condenado por maltrato a su exmujer y a sus tres hijos en 2019, esté impartiendo clases en este centro. A través de una campaña de change.org se han alcanzado más de 35.000 firmas para pedir un cambio legislativo que impida que este tipo de situaciones se puedan repetir. Las familias se cuestionan qué valores puede inculcar una persona condenada por estos delitos a adolescentes a quienes habría que concienciar sobre la violencia de género, las agresiones sexuales o el bullying.
Por ello, las familias proponen que se modifique el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para que además de exigir al personal que trabaja con menores la presentación de un Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, también se exija un Certificado Negativo de antecedentes penales, que incluya condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar ampliando así las garantías de seguridad.
Por ello, el diputado Jorge Pueyo, junto con la diputada Engracia Rivera, ha registrado la siguiente pregunta: «¿Tiene previsto el Gobierno abordar la reforma de la legislación para evitar que las personas condenadas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar puedan trabajar con menores de edad?»
En la primera tanda de preguntas que he registrado en el Congreso, quiero destacar hoy en este blog la relativa al caso de maltrato animal desarrollado ante público infantil durante el desencajonamiento de toros que embistieron a los cabestros en la plaza de toros de Barbastro. La presencia de menores de edad en estos actos es contraria a la Convención de los Derechos del Niño. No debemos permitir que insensibilicen a los niños en el maltrato a los animales. Los y las barbastrenses merecen saber qué pasó. Por eso, he preguntado a los ministerios competentes qué medidas van a tomar al respecto.
El pasado 6 de septiembre, durante el desencajonamiento de toros en la plaza de toros de Barbastro, se produjo una escena dantesca, cuyas imágenes circularon viralmente por las redes sociales y los medios de comunicación, en las que se veía cómo uno de los bóvidos arremetía de forma repetida contra varios cabestros, que parecían ser jóvenes [actualización: 2/10/23] (resultaron ser vacas, en lugar de cabestros, lo que es contrario a la normativa vigente), ante la mirada horrorizada de niñas y niños que se encontraban en los tendidos. En los antecedentes de la pregunta, se recuerda que la presencia de menores de edad en un desencajonamiento, en el que pueden producirse situaciones de riesgo para los propios animales y las personas, contraviene la línea que viene mostrando el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, respecto a la relación entre la tauromaquia e infancia y adolescencia.
En 2018, el citado Comité, en su informe sobre el Estado español publicado el 2 febrero de 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6), pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en espectáculos de tauromaquia, con un texto muy claro al respecto. En su apartado 25, especifica: «Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».
Asimismo, de forma reciente, el organismo de expertas y expertos de Naciones Unidas ha incluido una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G) sobre el “Derecho a no sufrir ningún tipo de violencia”: «Los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales».
Esta nueva recomendación tiene un encaje evidente en la exposición que sufren niñas, niños y adolescentes a la violencia contra los animales o entre animales, como el caso de Barbastro. Así, las Administraciones tienen una obligación para con la protección efectiva de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que no están cumpliendo, según ha denunciado el diputado Pueyo. Por ello, se han presentado las siguientes preguntas:
¿Qué le parecen al Gobierno los hechos sucedidos el pasado 6 de septiembre en la localidad de Barbastro? ¿Considera que son aptos para ser visualizados por personas menores de edad?
¿Cómo encajarán, el Ministerio de Cultura y otros ministerios competentes, las recomendaciones del ‘Comité de los Derechos del Niño’ de Naciones Unidas? ¿Piensan ignorarlas, apelando a la supuesta protección jurídica de la tauromaquia?
¿Van a tomar alguna medida, los ministerios de Cultura y Deporte y de Derechos Sociales y Agenda 2030, en relación con la presencia e incluso la participación de personas menores de edad en eventos tauromáquicos?
Jorge Pueyo 