Llevando el caso Forestalia a las Cortes

Preguntaremos a todos los consejeros de Azcón por la “prioridad nacional”

Aragón, 26 de mayo de 2026. Los seis diputados y diputadas de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón han registrado hasta nueve preguntas parlamentarias dirigidas a todos y cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón para que expliquen, detallada, clara y específicamente, en el próximo pleno del viernes, 29 de mayo, cómo piensan aplicar la llamada “prioridad nacional” incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX, el “pacto de la vergüenza”

Las iniciativas, presentadas por Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal, Verónica Villagrasa y Mascún Ariste, pretenden aclarar qué consecuencias prácticas tendrá este concepto en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la administración pública o las ayudas agrarias.

El portavoz del grupo parlamentario de CHA, Jorge Pueyo, indica: “la ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobierno de Aragón pretende convertir el acceso a derechos y servicios públicos en una carrera de obstáculos dependiendo del lugar de nacimiento, de las creencias, o del tiempo que alguien lleve viviendo y trabajando aquí”.

Pueyo ha recordado además que “diversas ONG, entidades sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos e incluso representantes de la Iglesia católica han alertado ya del riesgo de introducir criterios discriminatorios incompatibles con los principios básicos de igualdad y dignidad humana”.

Asimismo, CHA denuncia que en el anterior pleno PP y VOX votaron en contra de iniciativas que defendían expresamente principios esenciales de cualquier democracia constitucional como la igualdad ante la ley, la universalidad de los servicios públicos o la cohesión social.

Por ello, cada consejero y consejera tendrá que explicar públicamente cómo piensa trasladar la “prioridad nacional” a su departamento.

Entre las cuestiones registradas por CHA figuran preguntas sobre:

• La aplicación de este criterio en ayudas sociales y servicios públicos.

• Sus posibles efectos en la universalidad y equidad del sistema sanitario.

• Cómo afectará a becas, escolarización, universidad e investigación.

• Qué consecuencias tendrá en vivienda pública, empleo o ayudas agrarias.

• O cómo piensa compatibilizar el Gobierno este planteamiento con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Para Jorge Pueyo, “Aragón siempre ha sido una tierra de acogida, convivencia y derechos, y no vamos a permitir que se normalicen discursos que señalan y dividen a la sociedad”.

CHA reafirma así que el acceso a servicios públicos, ayudas y prestaciones debe regirse exclusivamente por principios de igualdad, universalidad y no discriminación, garantizando plenamente el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.

El rodillo PP-Vox ataca el parlamentarismo

Ayer en la Junta de Portavoces de las Cortes PP y Vox rompieron con una tradición de 40 años y decidieron participar en las sesiones de control a su propio Gobierno, restando cupo y tiempo a los grupos de oposición, por eso PSOE, CHA, TE e IU hemos denunciado el “rodillo” de la nueva mayoría de extrema derecha y derecha extrema que nos gobierna. La prensa se ha hecho eco de mis declaraciones al salir de la reunión: «Es el mayor ataque al parlamentarismo aragonés de toda la democracia. PP y Vox han recurrido al Reglamento para imponer la proporcionalidad en las intervenciones en los plenos, con la intención de machacar especialmente a los grupos minoritarios. Así la derecha pretende debilitar al Parlamento para mantenerse en el poder a toda costa. PP y Vox han conseguido que la oposición tenga menos tiempo para controlar al Gobierno que los partidos que sustentan al propio Gobierno: es un rodillo totalmente antidemocrático. No tiene ningún sentido que los diputados de PP y Vox vayan a hablar más tiempo que la oposición en su labor de control al Gobierno. Se está matando el parlamentarismo. Además, a la oposición se nos va a limitar el tiempo máximo para interpelar y preguntar a un consejero a 60 minutos por sesión. Con esta medida, queda mermada la capacidad de que todas las voces de los aragoneses lleguen a las Cortes».