CHA llevará al próximo pleno de las Cortes hasta nueve preguntas para que todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Azcón expliquen cómo piensan aplicar la “prioridad nacional” en Aragón
Aragón, 26 de mayo de 2026. Los seis diputados y diputadas de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón han registrado hasta nueve preguntas parlamentarias dirigidas a todos y cada uno de los departamentos del Gobierno de Aragón para que expliquen, detallada, clara y específicamente, en el próximo pleno del viernes, 29 de mayo, cómo piensan aplicar la llamada “prioridad nacional” incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX, el “pacto de la vergüenza”
Las iniciativas, presentadas por Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal, Verónica Villagrasa y Mascún Ariste, pretenden aclarar qué consecuencias prácticas tendrá este concepto en ámbitos tan sensibles como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la administración pública o las ayudas agrarias.
El portavoz del grupo parlamentario de CHA, Jorge Pueyo, indica: “la ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobierno de Aragón pretende convertir el acceso a derechos y servicios públicos en una carrera de obstáculos dependiendo del lugar de nacimiento, de las creencias, o del tiempo que alguien lleve viviendo y trabajando aquí”.
Pueyo ha recordado además que “diversas ONG, entidades sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos e incluso representantes de la Iglesia católica han alertado ya del riesgo de introducir criterios discriminatorios incompatibles con los principios básicos de igualdad y dignidad humana”.
Asimismo, CHA denuncia que en el anterior pleno PP y VOX votaron en contra de iniciativas que defendían expresamente principios esenciales de cualquier democracia constitucional como la igualdad ante la ley, la universalidad de los servicios públicos o la cohesión social.
Por ello, cada consejero y consejera tendrá que explicar públicamente cómo piensa trasladar la “prioridad nacional” a su departamento.
Entre las cuestiones registradas por CHA figuran preguntas sobre:
• La aplicación de este criterio en ayudas sociales y servicios públicos.
• Sus posibles efectos en la universalidad y equidad del sistema sanitario.
• Cómo afectará a becas, escolarización, universidad e investigación.
• Qué consecuencias tendrá en vivienda pública, empleo o ayudas agrarias.
• O cómo piensa compatibilizar el Gobierno este planteamiento con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Para Jorge Pueyo, “Aragón siempre ha sido una tierra de acogida, convivencia y derechos, y no vamos a permitir que se normalicen discursos que señalan y dividen a la sociedad”.
CHA reafirma así que el acceso a servicios públicos, ayudas y prestaciones debe regirse exclusivamente por principios de igualdad, universalidad y no discriminación, garantizando plenamente el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.
Jorge Pueyo 