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Denunciando a las empresas que aprovechan las DIA bajo investigación judicial para relanzar macroproyectos ya rechazados

[Zaragoza, 18 de julio de 2026] CHA interpela al Ministerio para la Transición Ecológica por el nuevo macroproyecto eólico de la compañía Green Capital en la comarca turolense del Matarranya, que propone para los aerogeneradores localizaciones que obtuvieron declaración positiva cuando lo solicitó Forestalia y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial por la presunta trama corrupta del entonces subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez.

En los antecedentes de la iniciativa se explica que este proyecto de Green Capital, que cuenta con la oposición de la sociedad matarranyenca, es una reformulación del que recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa en verano del año pasado. Y que dicha DIA negativa fue importante para verificar la trama de corrupción en la concesión de declaraciones ambientales a Forestalia en el Ministerio para la Transición Ecológica, porque Forestalia había obtenido previamente una DIA positiva para un clúster eólico en la misma comarca, en los mismos municipios e incluso con localizaciones idénticas en determinados aerogeneradores. ¿Cómo era posible?, pues por la mano (presuntamente) del subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, figura que en el momento de evaluar el primer proyecto de Green Capital ya había cesado en sus funciones.

«A pesar de eso, nos encontramos con que la multinacional, en la actual reformulación del proyecto, ha presentado como alternativas localizaciones de aerogeneradores del proyecto de Forestalia con la excusa de que obtuvieron una DIA positiva. Es así de vergonzoso: lo hacen a pesar de que las DIA de Forestalia, todas, están bajo sospecha y siendo investigadas en sede judicial por corrupción en una gran trama que entronca con la de Leire Díaz, Santos Cerdán y Antxón Alonso», ha denunciado Jorge Pueyo, presidente de CHA. «Y es que, además, en las últimas semanas también hemos sabido que REPSOL adquirió a Forestalia el clúster del Matarranya junto con el de Begues, y pretende hibridarlos con la térmica de Escatrón para abastecer un centro de datos. Resulta repetitivo, pero es tan escandaloso que es necesario insistir en ello: la compañía REPSOL pretende servirse de proyectos presuntamente corruptos para su lucro. El escenario es sencillamente grotesco, una mal llamada transición ecológica y energética plagada de casos de corrupción en la que los proyectos hechos bajo la premisa del expolio de los territorios de sacrificio se traspasan entre promotores, a cada cual más insigne, a pesar de la oposición social, de la degradación medioambiental y de las sólidas sospechas de corrupción que son objeto de investigación judicial. ¿Qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?».

Las preguntas registradas a instancia de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso son las siguientes:

1. ¿Va a rechazar el MITECO la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto eólico del Matarranya de Green Capital por no cumplir con los mínimos establecidos en la legislación ambiental, en especial por lo que afecta al estudio de alternativas?

2. ¿Se va a rechazar el proyecto de Green capital por la prioridad temporal del de Forestalia, independientemente de su presunta ilegalidad? ¿Se puede aceptar a trámite un proyecto eólico que se solapa con otro ya aprobado, independientemente de su presunta ilegalidad, o debería declararse la incompatibilidad territorial de forma inmediata? ¿Cuáles son los criterios del órgano sustantivo en la aceptación de tramitaciones, o es una barra libre?

3. Visto que la pauta es que nuevas empresas traten de aprovechar declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial, ¿qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?

4. En términos generales, ¿va a permitir el Gobierno que las empresas presenten proyectos rechazados previamente hasta que se aprueben por error o por cansancio? ¿Qué tiene esto de ecológico o de transición?

Reclamando más protección para el lince ibérico

Ante la reciente muerte de la lince ibérica Waka, cuyo cadáver fue localizado en las inmediaciones de las vías del tren a su paso por el entorno de Puerto Venecia en Zaragoza, Jorge Pueyo, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, ha registrado unas preguntas dirigidas al Consejero de Medio Ambiente y Turismo, con el objetivo de conocer las conclusiones de la investigación realizada y las medidas que se pondrán en marcha para evitar que accidentes así puedan repetirse, así como para emplazar al Gobierno a revisar y mejorar el programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón.

El texto de las preguntas registradas es el siguiente:

¿Qué información dispone el Gobierno sobre las circunstancias concretas que provocaron la muerte del ejemplar de lince ibérico «Waka» y qué conclusiones ha extraído de la investigación realizada?

¿Qué medidas adicionales tiene previsto adoptar el Gobierno para prevenir nuevos accidentes que afecten a los ejemplares de lince ibérico reintroducidos en Aragón, especialmente en las infraestructuras de transporte identificadas como zonas de riesgo?

¿Tiene previsto el Gobierno mantener sin modificaciones el actual programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón tras la muerte del ejemplar «Waka» o contempla introducir cambios en su planificación, protocolos de seguimiento o medidas de protección?

Moratoria para nuevos centros de datos: transparencia, planificación pública y retorno real al territorio

Aragón,14 de julio de 2026. CHA ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para abrir un debate de fondo sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y exigir al Gobierno de Jorge Azcón que diseñe una estrategia pública que garantice la protección de los recursos naturales de Aragón y el interés general.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, plantea la elaboración de una planificación estratégica de esta industria, con participación pública de todos los sectores y ámbitos afectados, que evalúe el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.

“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene CHA.

Por ello, la PNL propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos, hasta que exista una planificación pública que determine la capacidad real del territorio para asumir estas instalaciones.

CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.

La iniciativa política de CHA también reclama un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, además de planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.

Del mismo modo, CHA defiende que los municipios aragoneses que albergan estas instalaciones deben obtener un retorno económico acorde al impacto que soportan. Por ello propone crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de forma que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas. Asimismo, plantea que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas infraestructuras.

La proposición no de ley de CHA también reclama al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acelerar la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía, así como a modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.

Finalmente, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población.

“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Pueyo.