CHA propone una moratoria para nuevos centros de datos en Aragón hasta aprobar una planificación que garantice un uso sostenible de la energía y el agua

Jorge Pueyo, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, reclama “transparencia, planificación pública y un retorno real para el territorio antes de seguir autorizando nuevos proyectos”

Aragón,14 de julio de 2026. CHA ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para abrir un debate de fondo sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y exigir al Gobierno de Jorge Azcón que diseñe una estrategia pública que garantice la protección de los recursos naturales de Aragón y el interés general.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, plantea la elaboración de una planificación estratégica de esta industria, con participación pública de todos los sectores y ámbitos afectados, que evalúe el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.

“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene CHA.

Por ello, la PNL propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos, hasta que exista una planificación pública que determine la capacidad real del territorio para asumir estas instalaciones.

CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.

La iniciativa política de CHA también reclama un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, además de planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.

Del mismo modo, CHA defiende que los municipios aragoneses que albergan estas instalaciones deben obtener un retorno económico acorde al impacto que soportan. Por ello propone crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de forma que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas. Asimismo, plantea que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas infraestructuras.

La proposición no de ley de CHA también reclama al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acelerar la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía, así como a modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.

Finalmente, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población.

“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Pueyo.