Exigimos la doble vía electrificada para el tramo Teruel-Sagunto

[Aragón, 16 de septiembre de 2026] De forma coordinada Chunta Aragonesista (CHA) y Compromís han presentado alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, exigiendo su retirada ante el Ministerio de Transportes por optar por la vía única, renunciando a compromisos adquiridos y condenando a las comarcas turolenses a seguir sufriendo un déficit histórico de infraestructuras ferroviarias. Asimismo, reclama la recuperación del proyecto de doble vía electrificada de altas prestaciones para tráfico mixto de mercancías y viajeros en todo este corredor ferroviario entre Teruel y el Mediterráneo. Entre los argumentos esgrimidos, se denuncia que mantener la vía única en el tramo turolense no solo supondrá un retroceso en la política de vertebración territorial y lucha contra la despoblación, sino que condenará al fracaso a todo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, limitando las posibilidades de crecimiento industrial e inversor de las comarcas turolenses y castellonenses y también el desarrollo logístico del aeropuerto de Teruel, la Terminal Marítima de Zaragoza y el Puerto de Valencia.

«Rebajar las prestaciones de una infraestructura estratégica para el Estado español y, específicamente, para Aragón, como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, supone un retroceso grave e injustificable en la vertebración territorial, además de una decisión contradictoria con los compromisos del Gobierno español en respuesta al reto demográfico y al desequilibrio territorial», afirma Jorge Pueyo, presidente de CHA, en el documento de las alegaciones.

Optar por una vía única compartida limitará gravemente la capacidad de este corredor ferroviario, perjudicando la conectividad de las comarcas de Teruel con el resto de Aragón y con el País Valencià, profundizando aún más en el aislamiento de este territorio y condenando al fracaso todos los esfuerzos en materia de reto demográfico.

El tramo Teruel-Sagunto constituye un elemento esencial de conexión entre Aragón y el Mediterráneo y no puede ser planificado de forma aislada respecto del conjunto del corredor. De hecho, mantener la vía única en el tramo turolense condenará al fracaso a todo el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, contradiciendo cualquier lógica técnica y económica, y específicamente limitará las posibilidades de crecimiento tanto del Puerto de Valencia (como principal competidor del de Barcelona) como de la Terminal Marítima de Zaragoza.

En este sentido, debe valorarse la importancia de conectar esta infraestructura con el aeropuerto de Teruel, actualmente de uso industrial y al que podría abrirse una ventana a la logística y al transporte de mercancías, más aún cuando se ha aprobado la construcción de un gran apartadero entre el aeropuerto y Cella.

La planificación del corredor ferroviario Teruel-Sagunto debe tener en consideración su carácter estratégico para la reindustrialización de la provincia de Teruel y, especialmente, para los territorios afectados por el proceso de transición energética derivado del cierre de las explotaciones mineras y de la Central Térmica Teruel, ubicada en Andorra.

CHA ha reclamado que la infraestructura ferroviaria no debe dimensionarse exclusivamente atendiendo a los tráficos existentes, puesto que ello supondría utilizar la actual menor actividad industrial como argumento para limitar precisamente una de las infraestructuras necesarias para atraer nueva actividad económica. Por el contrario, el diseño del corredor debe contemplar la demanda potencial derivada de los procesos de reindustrialización, diversificación económica y desarrollo logístico que se están impulsando en la provincia de Teruel y, particularmente, en las zonas incluidas en los instrumentos de Transición Justa.

«En consecuencia, el estudio informativo debe analizar expresamente el impacto de las distintas alternativas sobre la reindustrialización de la provincia de Teruel, los objetivos de Transición Justa, la generación de actividad económica y empleo, la transferencia modal de mercancías y la reducción de emisiones, incorporando escenarios de demanda que tengan en cuenta el potencial de crecimiento industrial y logístico del territorio», concluye el documento de alegaciones de CHA.

Exigiendo responsabilidades al PP-Vox por los incendios forestales

Aragón, a 9 de septiembre de 2026. Aragón afronta todavía las consecuencias de un verano marcado por una emergencia que deja miles de hectáreas calcinadas, localidades desalojadas, actividad económica afectada y numerosos municipios que todavía necesitan respuestas. Ante esta situación, CHA ha trasladado al Pleno de este jueves y viernes, 10 y 11 de septiembre de 2026, dos iniciativas para exigir todo tipo de explicaciones políticas al Gobierno PP-Vox: mañana, con la comparecencia del presidente Jorge Azcón, y el viernes, con la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, centrada específicamente en la gestión de los incendios.

De este modo, CHA pondrá uno de los focos de su intervención en la situación de los bomberos forestales, una pieza esencial del sistema de emergencias y prevención que afronta la campaña en medio de conflictos laborales y reivindicaciones pendientes. CHA reclamará conocer qué solución ofrece el Ejecutivo de Azcón para garantizar unas condiciones laborales y unos recursos adecuados. “No podemos pedir a quienes están en primera línea que asuman cada vez más esfuerzo mientras mantienen pendientes reivindicaciones fundamentales para poder hacer su trabajo en condiciones”, afirma Pueyo.

CHA reclamará además que el Gobierno explique qué política de prevención desarrolla durante todo el año y qué recursos destina a la gestión forestal y a las zonas de riesgo. Pueyo subraya que la lucha contra los incendios no empieza cuando aparece la primera llama, sino mucho antes, con la gestión de los montes, la prevención, el mantenimiento de efectivos profesionales y la planificación de las emergencias.

Pueyo vincula esta cuestión con la emergencia climática y considera especialmente preocupante que Vox forme parte del Gobierno de Aragón mientras cuestiona abiertamente el cambio climático. “Las afecciones de este cambio climático no desaparecen porque alguien lo niegue; lo que desaparece, al negarlo, es la capacidad de anticiparse a sus consecuencias. Es políticamente una irresponsabilidad de Azcón dejar responsabilidades políticas como agricultura y medio ambiente en manos de negacionistas”, sostiene.

Además, CHA pedirá en el pleno que se esclarezcan las circunstancias que rodean el incendio de la zona de Riglos y las obras de la A-132, después de las demandas de información y explicaciones trasladadas por los municipios del Reino de los Mallos. Pueyo demandará conocer qué medidas preventivas se establecieron en esta obra, contratada por el propio Gobierno de Aragón, qué controles públicos se realizaron, qué protocolos de seguridad se aplicaron, qué información disponía el Gobierno y cuándo la recibió.

Finalmente, CHA reclamará respuestas concretas sobre las ayudas a los ayuntamientos aragoneses afectados por los incendios forestales de este verano: cuánto dinero se ha solicitado, cuánto se va a conceder, cuándo se van a resolver las ayudas y cuándo llegará efectivamente el dinero al territorio.

“La emergencia no termina cuando se apagan las llamas. Empieza entonces otra obligación política: recuperar el territorio, apoyar a los municipios y garantizar que quienes sufren las consecuencias no quedan solos cuando desaparece el foco mediático”, concluye Pueyo.

Impidiendo una declaración de Cortes que lava la cara de la gestión del PP sobre los incendios

CHA no puede respaldar la Declaración Institucional promovida por el Partido Popular sobre los incendios de este verano, y así lo ha manifestado en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana.

Los motivos son que, partiendo de una necesaria muestra de duelo, reconocimiento y solidaridad, que, por supuesto, compartimos, también incorpora, esta propuesta del PP, una valoración muy positiva de la coordinación y cooperación entre administraciones públicas que CHA no puede asumir de ningún modo.

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón subraya que el respeto, el recuerdo y el cariño están con las personas que han perdido la vida, con sus familias y con todas las personas afectadas, y reconoce expresamente el trabajo desarrollado por bomberos forestales, Agentes para la Protección de la Naturaleza, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Protección Civil, trabajadores públicos, responsables municipales y, de manera muy especial, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, tractoristas y vecinos y vecinas que pusieron sus medios y su tiempo al servicio de sus pueblos.

Para CHA, el PP confunde deliberadamente la unidad institucional con la obligación de dar por buena una gestión que presenta importantes y graves carencias. “Una cuestión es homenajear y agradecer a quienes estuvieron combatiendo los incendios y otra muy distinta utilizar ese homenaje para certificar políticamente en las Cortes de Aragón, mediante una declaración institucional, que todo ha funcionado muy bien”, señala el portavoz de CHA en las Cortes de Aragón.

Y es que la realidad del territorio contradice ese relato: pueblos con problemas de abastecimiento de agua potable, alcaldes y alcaldesas que reclaman instrucciones claras sobre la recuperación y las ayudas, que se personan en la causa judicial abierta y pequeños negocios que han visto cómo una parte fundamental de su temporada se hundía por las cancelaciones turísticas, cierres, salidas anticipadas y la pérdida de visitantes.

CHA reclama que el Gobierno de Azcón que atienda más y mejor a quienes, durante la emergencia, pusieron sus propios recursos para defender los municipios. Personas que aportaron tractores, cubas, maquinaria, gasóleo y horas de trabajo…

CHA considera además imprescindible evitar una segunda catástrofe económica y social en las zonas afectadas, donde el paisaje, la naturaleza, el turismo, las actividades de montaña, la hostelería y el pequeño comercio constituyen buena parte del principal activo económico de muchos municipios.

La recuperación debe partir de reconocer qué ha fallado y de escuchar a quienes viven en el territorio durante todo el año. Es necesario reforzar los dispositivos y las condiciones de quienes trabajan en prevención y extinción, actuar sobre los entornos de los núcleos habitados, las pistas forestales, los márgenes de las carreteras y las zonas estratégicas, garantizar el agua potable y los servicios básicos, compensar con rapidez los gastos asumidos durante la emergencia y aprobar medidas económicas que permitan sostener el empleo y la actividad.

CHA habría respaldado y respaldará una declaración de duelo, reconocimiento y solidaridad, pero no puede respaldar que el PP introduzca, dentro de ese homenaje, un certificado de buena gestión a la labor del actual Gobierno de Aragón cuando todavía hay que aclarar qué falló en la gestión contra incendios, cuando todavía existe gente sin agua, pequeños negocios intentando salvar el año, personas esperando ayudas y ayuntamientos aragoneses reclamando respuestas de modo urgente.

Exigimos una moratoria para las plantas de biogás y biometano

Nota de prensa 01/09/26.- Verónica Villagrasa, Secretaria General de CHA y diputada en Cortes de Aragón, y Jorge Luis Bail, coportavoz del Partido Verde en Aragón, han presentado hoy en Huesca una Proposición No de Ley que se debatirá y votará en las Cortes de Aragón, sobre la ordenación del desarrollo de las plantas de biogás y biometano en Aragón.

Villagrasa ha explicado que “la iniciativa parlamentaria ha contado en su elaboración con la participación ciudadana que se está organizando para hacer frente a la expansión sin precedentes de proyectos de biogás y biometano en todo Aragón”.

Según los datos actualmente disponibles, existen alrededor de 75 proyectos en distintas fases de tramitación, de los cuales 31 se concentran en comarcas del Alto Aragón, 37 en comarcas de Zaragoza y 7 en comarcas del sur, “unas cifras que superan ampliamente las previsiones recogidas en el propio Plan Energético de Aragón 2024-2030, que contemplaba un desarrollo significativamente menor de este tipo de instalaciones”, ha informado la diputad de CHA.

El biogás puede constituir una herramienta útil para la transición energética y la valorización de residuos si se desarrolla bajo criterios de proximidad, dimensión adecuada y suficiencia territorial, economía circular y protección ambiental, “sin embargo, el crecimiento acelerado y desordenado de proyectos está generando una creciente preocupación social en numerosos municipios aragoneses que carecen de herramientas útiles para valorar los impactos reales de actividades industriales en su entorno”, ha incidido Villagrasa..

Para el cooportavoz del Partido Verde en Aragón, “la gestión de los digestatos, el incremento del tráfico pesado, los riesgos para la calidad de las aguas, las emisiones odoríferas, la dispersión de elementos químicos, el impacto paisajístico, la concentración de instalaciones en comarcas como la Plana de Uesca /Hoya de Huesca y el incentivo para la creación de nuevas macrogranjas son algunas de las cuestiones que están siendo objeto de debate público, y a ello se suma la incertidumbre sobre la disponibilidad real de residuos suficientes para abastecer el elevado número de plantas proyectadas y el efecto llamada que esto puede suponer, es decir, la posibilidad de que Aragón se convierta en receptor de todo tipo de residuos para este tipo de plantas de forma incontrolada”.

“La aparición de plataformas ciudadanas pone de manifiesto la necesidad de mejorar la planificación, la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones sobre estas infraestructuras”, ha explicado Bail.

Es necesario compatibilizar el aprovechamiento energético de los residuos con la protección del territorio, la salud pública, la actividad agraria y ganadera, la conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las poblaciones rurales, y por ello queremos que las Cortes de Aragón aprueben los siguientes puntos:

1.- Elaborar, en el plazo máximo de seis meses, un Plan Aragonés de Ordenación del Biogás y Biometano que determine las necesidades reales del territorio y establezca criterios vinculantes sobre ubicación, capacidad, distancias a núcleos habitados, recursos hídricos, espacios naturales protegidos, espacios reservados para la recuperación de especies, impacto paisajístico, centros educativos y otros equipamientos sensibles.

2.- Suspender cautelarmente la autorización de nuevas plantas de biogás y biometano de carácter industrial hasta la aprobación de dicho plan, salvo aquellas instalaciones de pequeña escala vinculadas exclusivamente a residuos generados en la propia instalación ganadera, en el propio municipio o comarca.

3.- Establecer la rigurosa exclusión de residuos procedentes de mataderos y de vertederos, limitándolos a los generados por la actividad agropecuaria.

4.- Crear un registro público, accesible y actualizado de todos los proyectos de biogás y biometano en Aragón, indicando su estado de tramitación, capacidad prevista, empresa promotora, origen de los residuos, superficie necesaria para la gestión de digestatos y municipios afectados.

5.- Incorporar en todos los procedimientos de evaluación ambiental el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de la concentración de proyectos en una misma comarca o territorio.

6.- Establecer límites máximos de concentración territorial de instalaciones de biogás y biometano para evitar una distribución desequilibrada de las cargas ambientales y garantizar la cohesión territorial. Localizar las plantas de acuerdo con los consistorios circundantes al municipio de radicación.

7.- Garantizar que los proyectos autorizados acrediten la disponibilidad real y suficiente de residuos en un ámbito de proximidad razonable vetando modelos basados en el transporte masivo de residuos entre municipios lejanos, provincias o comunidades autónomas. La internalización de la huella de carbono prevista debe deparar obligatoriamente un ahorro neto en emisiones de GEI. Establecer la inadmisibilidad de los proyectos que no incluyan este cálculo.

8.- Reforzar los mecanismos de participación pública, ampliando los plazos de información pública y facilitando documentación accesible y comprensible para la ciudadanía.

9.- Establecer sistemas públicos de seguimiento y control de emisiones, olores, tráfico pesado, gestión de digestatos y afecciones a las aguas superficiales y subterráneas, publicando periódicamente sus resultados.

10.-Establecer la obligación de que los proyectos y los estudios de impacto ambiental presenten y analicen planes claros, comprensibles, rigurosos, realistas y creíbles para la gestión de digestatos, incluyendo dicha actividad en el balance de ahorro/emisión de GEI del proyecto.

11.- Priorizar las instalaciones de pequeña y mediana escala vinculadas a explotaciones agroganaderas, cooperativas, comunidades energéticas locales o iniciativas municipales frente a proyectos de carácter industrial de gran dimensión.

12.- Constituir una mesa aragonesa del diálogo sobre biogás y biometano con participación de ayuntamientos, comarcas, organizaciones agrarias, entidades ecologistas, plataformas vecinales, comunidad científica y sector empresarial, que permita el acceso de dichos entes interesados a la información precisa y los recursos técnicos para poder valorar el impacto local de los proyectos.

13.- Remitir a las Cortes de Aragón, en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre todos los proyectos de biogás y biometano actualmente autorizados o en tramitación.

14.- Revisar el Plan Energético de Aragón 2024-2030 en materia de biogás y biometano, adaptándolo a la realidad actual de proyectos finalizados y en tramitación, garantizando que el desarrollo del sector responda a criterios de interés general, equilibrio territorial y sostenibilidad ambiental.

Denunciando al Gobierno de Aragón por utilizar de nuevo medios públicos oficiales para fines partidistas

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, critica al Gobierno de Aragón por utilizar, de nuevo, medios y canales de carácter público para fines partidistas. En este caso para lanzar acusaciones contra el sindicato OSTA en el marco del conflicto de los bomberos forestales. «Un Gobierno tiene que resolver los problemas, no utilizar los medios públicos para atacar directamente a la actividad, ni las demandas de un sindicato. Las instituciones públicas y sus recursos son de toda la sociedad, no herramientas al servicio de la confrontación partidista», señala.

Pueyo advierte además de que no es la primera vez que desde Vox se utiliza esta estrategia de señalamiento contra organizaciones sindicales. «Nos preocupa que se utilicen recursos públicos para desacreditar a quienes representan a los trabajadores yb trabajadoras. El debate de fondo debería estar en como mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales y en la mejora de un servicio público esencial,» afirma.

El presidente de CHA considera especialmente inoportuno que estas declaraciones se produzcan *en vísperas de la reunión prevista para mañana, porque pueden contribuir a dificultar cualquier posibilidad de acuerdo. «Si de verdad existe voluntad de solucionar el conflicto, lo que toca es sentarse, escuchar y negociar. Lanzar acusaciones públicas justo antes de una reunión no ayuda a resolver nada y puede tener como objetivo desestabilizar la negociación», advierte Pueyo.

Los bomberos forestales necesitan soluciones, estabilidad y unas condiciones dignas. El Gobierno de Aragón debe estar a la altura de su responsabilidad y utilizar los mecanismos de información públicos para servir a la ciudadanía, no para atacar a una organización sindical», concluye el presidente de CHA.

CHA y Compromís unen fuerzas por el Cantábrico-Mediterráneo

Valencia y Aragón, 25 de julio de 2026.- Compromís y CHA denuncian que el Gobierno de España quiere renunciar al desarrollo del eje ferroviario, Corredor Cantábrico-Mediterráneo, de altas prestaciones, una decisión que consideran un grave perjuicio para Aragón y el País Valencià y que deja sin una infraestructura estratégica a territorios como Sagunto, Teruel y el conjunto de la infraestructura.

CHA y Compromís considera que ésta no es una decisión técnica, sino una decisión política que vuelve a relegar las necesidades de Aragón y del País Valencià frente a las inversiones que sí reciben otros territorios del Estado.

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirma que “mientras en otros territorios se destinan miles de millones de euros a infraestructuras estratégicas, al País Valencià y a Aragón se nos niega una doble vía electrificada que resulta imprescindible para conectar nuestros territorios, impulsar el desarrollo económico y garantizar la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, denuncia que “el ministro Óscar Puente sigue dejando de lado una infraestructura básica como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones. Aragón merece las mismas oportunidades que el resto del Estado y no puede continuar siendo castigado por la falta de inversiones ferroviarias”.

Compromís y CHA anuncian que presentarán alegaciones durante el actual trámite de información pública y consideran que esta infraestructura resulta esencial para mejorar la conectividad, favorecer la competitividad económica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. Finalmente, ambos partidos, exigen al Gobierno de España que rectifique su posición para garantizar una red ferroviaria moderna, competitiva y equilibrada.

Denunciando que el PP pretende climatizar centros concertados en detrimento de la escuela pública

Aragón, 23 de julio de 2026.-. Las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, realizadas hoy, en una entrevista radiofónica en la “Cadena SER”, revelando que el Gobierno de Aragón solicitó que los fondos estatales destinados a la climatización de centros educativos públicos pudieran utilizarse también para instalar sistemas de aire acondicionado en colegios concertados en Aragón, confirman, a juicio de CHA , que el Partido Popular mantiene una política constante de priorizar la enseñanza concertada frente a la defensa de la pública.

CHA considera que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia política que el PP desarrolla en todos los ámbitos educativos.  En este sentido, recordamos que el Gobierno de Aragón ya intentó extender el concierto del bachillerato, como medida estrella de inicio de legislatura, una decisión que fue frustrada por los tribunales, y que también afecta a la concertación de Formación Profesional , por ejemplo, con el proyecto Distrito 7 en Zaragoza, después de que este intento quedase en suspenso por las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

De este modo, CHA considera que ahora el PP vuelve a insistir en esa misma línea política, al pretender incluir a los centros concertados en unas ayudas con fondos públicos del Gobierno de España.

Finalmente, indicamos que la Portavoz Adjunta de CHA y Portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, anunciado que CHA presentará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno de Aragón. “Queremos conocer el criterio seguido, la cantidad económica requerida. Pediremos explicaciones en las Cortes de Aragón porque esta decisión responde a una prioridad política del PP que vuelve a situar a la concertada por delante de la educación pública aragonesa y del interés general”, señala.

Denunciando a las empresas que aprovechan las DIA bajo investigación judicial para relanzar macroproyectos ya rechazados

[Zaragoza, 18 de julio de 2026] CHA interpela al Ministerio para la Transición Ecológica por el nuevo macroproyecto eólico de la compañía Green Capital en la comarca turolense del Matarranya, que propone para los aerogeneradores localizaciones que obtuvieron declaración positiva cuando lo solicitó Forestalia y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial por la presunta trama corrupta del entonces subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez.

En los antecedentes de la iniciativa se explica que este proyecto de Green Capital, que cuenta con la oposición de la sociedad matarranyenca, es una reformulación del que recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa en verano del año pasado. Y que dicha DIA negativa fue importante para verificar la trama de corrupción en la concesión de declaraciones ambientales a Forestalia en el Ministerio para la Transición Ecológica, porque Forestalia había obtenido previamente una DIA positiva para un clúster eólico en la misma comarca, en los mismos municipios e incluso con localizaciones idénticas en determinados aerogeneradores. ¿Cómo era posible?, pues por la mano (presuntamente) del subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, figura que en el momento de evaluar el primer proyecto de Green Capital ya había cesado en sus funciones.

«A pesar de eso, nos encontramos con que la multinacional, en la actual reformulación del proyecto, ha presentado como alternativas localizaciones de aerogeneradores del proyecto de Forestalia con la excusa de que obtuvieron una DIA positiva. Es así de vergonzoso: lo hacen a pesar de que las DIA de Forestalia, todas, están bajo sospecha y siendo investigadas en sede judicial por corrupción en una gran trama que entronca con la de Leire Díaz, Santos Cerdán y Antxón Alonso», ha denunciado Jorge Pueyo, presidente de CHA. «Y es que, además, en las últimas semanas también hemos sabido que REPSOL adquirió a Forestalia el clúster del Matarranya junto con el de Begues, y pretende hibridarlos con la térmica de Escatrón para abastecer un centro de datos. Resulta repetitivo, pero es tan escandaloso que es necesario insistir en ello: la compañía REPSOL pretende servirse de proyectos presuntamente corruptos para su lucro. El escenario es sencillamente grotesco, una mal llamada transición ecológica y energética plagada de casos de corrupción en la que los proyectos hechos bajo la premisa del expolio de los territorios de sacrificio se traspasan entre promotores, a cada cual más insigne, a pesar de la oposición social, de la degradación medioambiental y de las sólidas sospechas de corrupción que son objeto de investigación judicial. ¿Qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?».

Las preguntas registradas a instancia de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso son las siguientes:

1. ¿Va a rechazar el MITECO la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto eólico del Matarranya de Green Capital por no cumplir con los mínimos establecidos en la legislación ambiental, en especial por lo que afecta al estudio de alternativas?

2. ¿Se va a rechazar el proyecto de Green capital por la prioridad temporal del de Forestalia, independientemente de su presunta ilegalidad? ¿Se puede aceptar a trámite un proyecto eólico que se solapa con otro ya aprobado, independientemente de su presunta ilegalidad, o debería declararse la incompatibilidad territorial de forma inmediata? ¿Cuáles son los criterios del órgano sustantivo en la aceptación de tramitaciones, o es una barra libre?

3. Visto que la pauta es que nuevas empresas traten de aprovechar declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial, ¿qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?

4. En términos generales, ¿va a permitir el Gobierno que las empresas presenten proyectos rechazados previamente hasta que se aprueben por error o por cansancio? ¿Qué tiene esto de ecológico o de transición?

Reclamando más protección para el lince ibérico

Ante la reciente muerte de la lince ibérica Waka, cuyo cadáver fue localizado en las inmediaciones de las vías del tren a su paso por el entorno de Puerto Venecia en Zaragoza, Jorge Pueyo, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, ha registrado unas preguntas dirigidas al Consejero de Medio Ambiente y Turismo, con el objetivo de conocer las conclusiones de la investigación realizada y las medidas que se pondrán en marcha para evitar que accidentes así puedan repetirse, así como para emplazar al Gobierno a revisar y mejorar el programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón.

El texto de las preguntas registradas es el siguiente:

¿Qué información dispone el Gobierno sobre las circunstancias concretas que provocaron la muerte del ejemplar de lince ibérico «Waka» y qué conclusiones ha extraído de la investigación realizada?

¿Qué medidas adicionales tiene previsto adoptar el Gobierno para prevenir nuevos accidentes que afecten a los ejemplares de lince ibérico reintroducidos en Aragón, especialmente en las infraestructuras de transporte identificadas como zonas de riesgo?

¿Tiene previsto el Gobierno mantener sin modificaciones el actual programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón tras la muerte del ejemplar «Waka» o contempla introducir cambios en su planificación, protocolos de seguimiento o medidas de protección?

Moratoria para nuevos centros de datos: transparencia, planificación pública y retorno real al territorio

Aragón,14 de julio de 2026. CHA ha registrado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para abrir un debate de fondo sobre el modelo de implantación de los centros de datos en Aragón y exigir al Gobierno de Jorge Azcón que diseñe una estrategia pública que garantice la protección de los recursos naturales de Aragón y el interés general.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno de las Cortes, plantea la elaboración de una planificación estratégica de esta industria, con participación pública de todos los sectores y ámbitos afectados, que evalúe el impacto acumulado de los centros de datos ya existentes, de los proyectos anunciados y de las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y el desarrollo de otras actividades económicas.

“El debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”, sostiene CHA.

Por ello, la PNL propone establecer una moratoria en la tramitación de nuevos centros de datos, hasta que exista una planificación pública que determine la capacidad real del territorio para asumir estas instalaciones.

CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos, especialmente en un contexto marcado por la emergencia climática y el incremento de los episodios de sequía.

La iniciativa política de CHA también reclama un estudio del impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento, además de planes de formación que permitan que el empleo generado beneficie realmente a la población aragonesa.

Del mismo modo, CHA defiende que los municipios aragoneses que albergan estas instalaciones deben obtener un retorno económico acorde al impacto que soportan. Por ello propone crear un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos, de forma que parte de los beneficios reviertan en la reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en empleo, vivienda y servicios públicos en las comarcas afectadas. Asimismo, plantea que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios donde se implanten estas infraestructuras.

La proposición no de ley de CHA también reclama al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acelerar la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos para hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía, así como a modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), incrementando la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.

Finalmente, CHA advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población.

“Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias. Los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”, concluye Pueyo.