Esta tarde he defendido esta enmienda en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico durante el debate sobre una proposición no de ley del PP acerca de impulsar la cohesión social y territorial en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación. Las negritas son las modificaciones que proponemos. Nuestra intención era buscar el mayor consenso posible a la hora de hacer balance de los dos años de legislatura en materia de reto demográfico, pero el PP se negó a aceptar nuestra enmienda e incluso a negociar cualquier transacción. Como si el desafío de la despoblación no nos exigiera buscar acuerdos lo más amplios posibles.

Enmienda de modificación: Se propone sustituir el texto original por el siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar trabajando en el diseño de la nueva Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que realice un diagnóstico de la situación actual, determine los retos y oportunidades que se detectan, determine los objetivos de la política de reto demográfico y las líneas de acción a llevar a cabo por los distintos actores: administraciones, empresas, universidad y centros de conocimiento y asociaciones y resto de la sociedad civil; así como en un nuevo plan de acción Estatal, con medidas a desarrollar por los distintos ministerios, situando la vivienda y la movilidad sostenible como objetivos prioritarios, y en la creación del Observatorio para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, responsable de un informe anual estadístico, cuantitativo y cualitativo sobre la evolución de la situación del medio rural, con estudios específicos sobre los diferentes territorios.
2. Implantar de forma inmediata el Mecanismo Rural de Garantía, que obliga a evaluar los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rurales de las políticas públicas, en el marco de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado.
3. Presentar en el plazo de seis meses un análisis sobre la oportunidad, alcance y aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, impulsando, en su caso, las modificaciones que sean precisas, previa presentación del correspondiente informe en las Cortes Generales.
4. Emprender los contactos necesarios con las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los diferentes consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas, a fin de consensuar el proyecto de Ley del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población para garantizar un marco regulatorio adecuado a las necesidades del medio rural.
5. Instar a los órganos competentes de la Unión Europea para que impulsen una mejor delimitación de los territorios que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la implementación de unos nuevos fondos económicos directos y específicos contra la despoblación con el objetivo de contribuir en las Comunidades Autónomas afectadas al desarrollo de las políticas públicas ante el reto demográfico, contando para su ejecución con organismos existentes como los Grupos de Acción Local.
6. Impulsar la coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, los Grupos de Acción Local y la sociedad civil para garantizar la eficacia de las medidas de la nueva estrategia nacional.»

Justificación: En coherencia con las proposiciones no de ley del Grupo Plurinacional Sumar 162/49 y 161/41, 162/48 y 161/43, 161/495, 161/1801 y 1802, 161/1986 y 1987, 161/2178 y 161/2685. Y con la transacción aprobada por práctica unanimidad a partir de la proposición no de ley 161/361.