Ayer participé, junto a la diputada del PSOE Susana Sumelzo, en una Charrada on line convocada por la Plataforma Aragonesa Progresista sobre el acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR, firmado el pasado 24 de octubre. Fue una magnífica oportunidad para compartir impresiones con los participantes, respondiendo a sus intervenciones, aclarando dudas. Empezamos pues la legislatura con el sano ejercicio democrático de rendir cuentas y establecer un debate directo con la ciudadanía. Como veréis en el vídeo del acto, hemos hablado de salud mental, de vivienda, de reto demográfico, de comunicaciones largamente reivindicadas por la sociedad aragonesa, de la reforma fiscal, de la reforma del Poder Judicial, de la reforma laboral, de la regularización de inmigrantes… y también sobre cómo garantizar el cumplimiento de los compromisos. Hemos coincidido en una valoración muy positiva del acuerdo de Gobierno, pero, aunque es un pacto más exigente que el de la legislatura anterior, aún así ha dejado fuera algunas medidas que todos considerábamos importantes, como el apoyo a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, cuya exclusión nos deja un mal sabor de boca. Aquí tenéis el vídeo:
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Para recuperar la Justicia universal
El pasado jueves, el GP Plurinacional Sumar registró una proposición de Ley para que España recupere la justicia universal, para que los tribunales españoles puedan perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos: delitos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, el terrorismo, la trata de seres humanos, la mutilación genital femenina… siempre que se acredite que “sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión con España”. Este último punto es el que abre el abanico de posibilidades, ya que en la actualidad estos delitos solo se pueden juzgar si el presunto responsable es español, reside en España o se encuentra en este país. La ley del Poder Judicial de 1985 ya permitía juzgar delitos cometidos en otras partes del mundo, pero esto fue cercenado por una reforma de un gobierno socialista en 2009 y eliminado prácticamente en 2014 por el gobierno del PP. Ahora se van a corregir esos recortes.
La propuesta de Sumar, presentada por el diputado Enrique Santiago, plantea que la Justicia española tenga competencias para investigar un genocidio, dado que en estos casos “el bien jurídico protegido es la humanidad en su conjunto”. Eso permitiría que pudieran juzgarse los crímenes cometidos contra la población palestina, que en la actualidad quedan en la absoluta impunidad.
Conociendo la realidad del fracking y del GNL de EEUU
Esta mañana, en la sala Clara Campoamor del Congreso, he podido conocer de primera mano la realidad que hay detrás de la llegada de Gas Natural Licuado (GNL) a los puertos españoles en barco desde EEUU, para sustituir al gas ruso, vetado tras la invasión de Ucrania. Las activistas Chloe Torres y Jennifer Espino, de Texas Campaign for the Environment, por mediación de Ecologistas en Acción y la red Gas No Es Solución, se han reunido en el Congreso con varios diputados: el socialista Daniel Senderos y, del Grupo Sumar, Júlia Boada, Engracia Rivero, Mar González y yo mismo. Nos han expuesto el impacto que el fracking tiene sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las comunidades afectadas en el estado de Texas y ha quedado una pregunta en el aire: Si se prohíbe el fracking en España, ¿por qué se exporta gas extraído con fracking?
Ecologistas en Acción en su cuenta de X ha destacado algunas frases de la reunión. Primero Chloe Torres ha dicho: “Seguridad energética en Europa significa una inseguridad extrema en algunas comunidades de EEUU. Significa impactos en la salud, significa muerte”. Luego, Jenny Espino, hablando sobre el racismo medioambiental, nos ha dejado este dato: “En algunas comunidades la esperanza de vida son 17 años menos que en las poblaciones blancas”. Finalmente, Marina Gros, de Ecologistas en Acción, que ha moderado la sesión, ha afirmado: “La adicción de Europa al gas es responsable directa del sufrimiento en las comunidades. Debemos prohibir las importaciones de fracking como prohibimos esta técnica de extracción en nuestro territorio”. Antes de terminar, los distintos representantes políticos expresamos nuestro apoyo a sus legítimas reclamaciones.
Por la Paz en Palestina y el fin de la ocupación
Ante el conflicto armado entre Hamás y el Estado de Israel y la crisis humanitaria que está teniendo lugar en Gaza, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR hemos lanzado la siguiente declaración que se debatirá próximamente en el Congreso:
● Exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza que han terminado con la vida de civiles, entre ellos muchos niños y niñas. El castigo colectivo sobre la población de Gaza que está arremetiendo el Gobierno más extremista de la historia de Israel es un terrible crimen de guerra. Exigimos un alto al fuego inmediato y un intercambio de prisioneros supervisado por Naciones Unidas, además de un llamamiento a todas las partes a respetar sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional humanitario.
● Condenamos los ataques de Hamás contra población civil israelí. El uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa, en línea con las Convenciones de Ginebra y con lo manifestado por la Relatora Especial de Naciones Unidas.
● Denunciamos la hipocresía de quienes el sábado condenaron los terribles ataques de Hamás pero callan sistemáticamente ante los crímenes diarios del Estado ocupante. La respuesta de las instituciones europeas, y en particular de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es enormemente injusta e irresponsable.
● Siempre que hablemos de este conflicto, debemos recordar que son ya más de siete décadas de ocupación, bloqueo y violación sistemática de derechos humanos por parte de colonos y fuerzas de seguridad y defensa israelíes, y que el apartheid es un crimen de lesa humanidad. Israel es el culpable de esta situación, del sufrimiento terrible de los palestinos y palestinas, pero los atroces ataques de Hamás contra población civil no ayudan a resolverla.
● Debemos seguir exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la retirada de los territorios ocupados y el fin de la expansión de los asentamientos ilegales desarrollados con aún más crudeza por el ejecutivo de extrema derecha de Netanyahu. La Unión Europea debe redoblar sus esfuerzos para que Israel cumpla con sus obligaciones y para avanzar hacia el reconocimiento efectivo e integral del Estado palestino, teniendo siempre en consideración la voluntad de la sociedad civil palestina.
Jorge Pueyo 