CHA y Compromís unen fuerzas por el Cantábrico-Mediterráneo

Valencia y Aragón, 25 de julio de 2026.- Compromís y CHA denuncian que el Gobierno de España quiere renunciar al desarrollo del eje ferroviario, Corredor Cantábrico-Mediterráneo, de altas prestaciones, una decisión que consideran un grave perjuicio para Aragón y el País Valencià y que deja sin una infraestructura estratégica a territorios como Sagunto, Teruel y el conjunto de la infraestructura.

CHA y Compromís considera que ésta no es una decisión técnica, sino una decisión política que vuelve a relegar las necesidades de Aragón y del País Valencià frente a las inversiones que sí reciben otros territorios del Estado.

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirma que “mientras en otros territorios se destinan miles de millones de euros a infraestructuras estratégicas, al País Valencià y a Aragón se nos niega una doble vía electrificada que resulta imprescindible para conectar nuestros territorios, impulsar el desarrollo económico y garantizar la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, denuncia que “el ministro Óscar Puente sigue dejando de lado una infraestructura básica como es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones. Aragón merece las mismas oportunidades que el resto del Estado y no puede continuar siendo castigado por la falta de inversiones ferroviarias”.

Compromís y CHA anuncian que presentarán alegaciones durante el actual trámite de información pública y consideran que esta infraestructura resulta esencial para mejorar la conectividad, favorecer la competitividad económica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. Finalmente, ambos partidos, exigen al Gobierno de España que rectifique su posición para garantizar una red ferroviaria moderna, competitiva y equilibrada.

Azcón quiere climatizar aulas concertadas en lugar de públicas (vídeo)

Denunciando que el PP pretende climatizar centros concertados en detrimento de la escuela pública

Aragón, 23 de julio de 2026.-. Las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, realizadas hoy, en una entrevista radiofónica en la “Cadena SER”, revelando que el Gobierno de Aragón solicitó que los fondos estatales destinados a la climatización de centros educativos públicos pudieran utilizarse también para instalar sistemas de aire acondicionado en colegios concertados en Aragón, confirman, a juicio de CHA , que el Partido Popular mantiene una política constante de priorizar la enseñanza concertada frente a la defensa de la pública.

CHA considera que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia política que el PP desarrolla en todos los ámbitos educativos.  En este sentido, recordamos que el Gobierno de Aragón ya intentó extender el concierto del bachillerato, como medida estrella de inicio de legislatura, una decisión que fue frustrada por los tribunales, y que también afecta a la concertación de Formación Profesional , por ejemplo, con el proyecto Distrito 7 en Zaragoza, después de que este intento quedase en suspenso por las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

De este modo, CHA considera que ahora el PP vuelve a insistir en esa misma línea política, al pretender incluir a los centros concertados en unas ayudas con fondos públicos del Gobierno de España.

Finalmente, indicamos que la Portavoz Adjunta de CHA y Portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, anunciado que CHA presentará iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno de Aragón. “Queremos conocer el criterio seguido, la cantidad económica requerida. Pediremos explicaciones en las Cortes de Aragón porque esta decisión responde a una prioridad política del PP que vuelve a situar a la concertada por delante de la educación pública aragonesa y del interés general”, señala.

Sobre el caso Zapatero (en Canal Red)

Imagina los incendios con 2ºC más

Denunciando a las empresas que aprovechan las DIA bajo investigación judicial para relanzar macroproyectos ya rechazados

[Zaragoza, 18 de julio de 2026] CHA interpela al Ministerio para la Transición Ecológica por el nuevo macroproyecto eólico de la compañía Green Capital en la comarca turolense del Matarranya, que propone para los aerogeneradores localizaciones que obtuvieron declaración positiva cuando lo solicitó Forestalia y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial por la presunta trama corrupta del entonces subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez.

En los antecedentes de la iniciativa se explica que este proyecto de Green Capital, que cuenta con la oposición de la sociedad matarranyenca, es una reformulación del que recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa en verano del año pasado. Y que dicha DIA negativa fue importante para verificar la trama de corrupción en la concesión de declaraciones ambientales a Forestalia en el Ministerio para la Transición Ecológica, porque Forestalia había obtenido previamente una DIA positiva para un clúster eólico en la misma comarca, en los mismos municipios e incluso con localizaciones idénticas en determinados aerogeneradores. ¿Cómo era posible?, pues por la mano (presuntamente) del subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO, Eugenio Domínguez, figura que en el momento de evaluar el primer proyecto de Green Capital ya había cesado en sus funciones.

«A pesar de eso, nos encontramos con que la multinacional, en la actual reformulación del proyecto, ha presentado como alternativas localizaciones de aerogeneradores del proyecto de Forestalia con la excusa de que obtuvieron una DIA positiva. Es así de vergonzoso: lo hacen a pesar de que las DIA de Forestalia, todas, están bajo sospecha y siendo investigadas en sede judicial por corrupción en una gran trama que entronca con la de Leire Díaz, Santos Cerdán y Antxón Alonso», ha denunciado Jorge Pueyo, presidente de CHA. «Y es que, además, en las últimas semanas también hemos sabido que REPSOL adquirió a Forestalia el clúster del Matarranya junto con el de Begues, y pretende hibridarlos con la térmica de Escatrón para abastecer un centro de datos. Resulta repetitivo, pero es tan escandaloso que es necesario insistir en ello: la compañía REPSOL pretende servirse de proyectos presuntamente corruptos para su lucro. El escenario es sencillamente grotesco, una mal llamada transición ecológica y energética plagada de casos de corrupción en la que los proyectos hechos bajo la premisa del expolio de los territorios de sacrificio se traspasan entre promotores, a cada cual más insigne, a pesar de la oposición social, de la degradación medioambiental y de las sólidas sospechas de corrupción que son objeto de investigación judicial. ¿Qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?».

Las preguntas registradas a instancia de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso son las siguientes:

1. ¿Va a rechazar el MITECO la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto eólico del Matarranya de Green Capital por no cumplir con los mínimos establecidos en la legislación ambiental, en especial por lo que afecta al estudio de alternativas?

2. ¿Se va a rechazar el proyecto de Green capital por la prioridad temporal del de Forestalia, independientemente de su presunta ilegalidad? ¿Se puede aceptar a trámite un proyecto eólico que se solapa con otro ya aprobado, independientemente de su presunta ilegalidad, o debería declararse la incompatibilidad territorial de forma inmediata? ¿Cuáles son los criterios del órgano sustantivo en la aceptación de tramitaciones, o es una barra libre?

3. Visto que la pauta es que nuevas empresas traten de aprovechar declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial, ¿qué más hace falta para que el Gobierno suspenda la tramitación de todos proyectos de Forestalia, independientemente de sus propietarios actuales, hasta que haya resolución judicial?

4. En términos generales, ¿va a permitir el Gobierno que las empresas presenten proyectos rechazados previamente hasta que se aprueben por error o por cansancio? ¿Qué tiene esto de ecológico o de transición?