CHA y Comuns exigen un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado para la MAT Escatrón-La Secuita

Han presentado una proposición no de ley de rechazo de este proyecto fragmentado artificialmente en 7 expedientes para impedir una evaluación ambiental completa. «Consideramos que la transición energética es necesaria y urgente, pero debe realizarse con criterios de racionalidad territorial, proximidad entre generación y consumo y cuya magnitud sea sometida a un Estudio de Impacto Ambiental integral que analice el conjunto del proyecto y sus ramificaciones, evaluando alternativas de trazado, soterramiento parcial y medidas correctoras suficientes. La proliferación desordenada de macroparques eólicos y fotovoltaicos, junto con sus infraestructuras de evacuación, está generando una sobreocupación de comarcas enteras, afectando a la biodiversidad, a los paisajes agrarios, a zonas de alto valor ecológico y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y ZEPA», ha declarado Jorge Pueyo, presidente de CHA.

[Madrid, 22/04/2026] A iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y Comuns, el Grupo Plurinacional Sumar ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que se manifiesta el rechazo al proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita por haberse fragmentado artificialmente en siete expedientes, lo que ha impedido que se realizara una evaluación ambiental completa y coherente. También se insta al Gobierno a realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado del conjunto del proyecto y de sus infraestructuras asociadas, incorporando los efectos acumulativos y sinérgicos, y en el que se incluya un análisis comparado de alternativas reales, motivando expresamente la opción seleccionada en términos de proporcionalidad y minimización de impactos. Finalmente, se exigen garantías de participación pública y transparencia, así como mecanismos de seguimiento y gobernanza con los municipios afectados y otros agentes del territorio, antes de cualquier decisión irreversible, con el objetivo de evitar o minimizar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas.

El proyecto de Línea de Muy Alta Tensión (MAT) Escatrón–Els Aubals–La Secuita, con una longitud aproximada de 181 kilómetros y una capacidad de evacuación estimada en 3.000 MW, que pretende transportar energía generada en Aragón hacia el polo petroquímico de Tarragona, coincidiendo con la previsión del cierre de los reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II, supone una grave afección territorial, ambiental, social y paisajística para Aragón, particularmente para los municipios de Escatrón, Sástago, Chiprana, Caspe, Maella, Mazaleón, Calaceite, Samper de Calanda y Castelnou, lo que ha generado una profunda preocupación social e institucional, al tratarse de un territorio de alto valor agrícola, ambiental, paisajístico y patrimonial, cuya sostenibilidad constituye uno de los pilares fundamentales de su desarrollo presente y futuro. También afecta a 28 municipios de la provincia de Tarragona, así como unos 1300 propietarios de fincas.

Desde el punto de vista técnico y funcional, se trata de una única infraestructura, que el promotor y las administraciones han decidido dividir artificialmente en siete expedientes administrativos distintos, lo que impide realizar una evaluación ambiental completa, coherente y ajustada a la realidad, tal como exige la ley. Esta fragmentación se decide a pesar de que el proyecto se presenta en todos los documentos oficiales —incluido el propio Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)— como un “eje” unitario, está recogido como una actuación única en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021–2026 y técnicamente es evidente que sus partes son interdependientes, y a pesar de que el Tribunal Supremo y el TJUE han establecido como doctrina firme que no se puede dividir artificialmente un proyecto para evitar una evaluación ambiental completa, y a pesar de que el proyecto afecta a espacios de la Red Natura 2000 y la Directiva Hábitats exige una evaluación integrada cuando existe riesgo para estos espacios.

A través de esta iniciativa, CHA traslada una vez más al Congreso su preocupación por la acumulación de proyectos energéticos en el territorio aragonés, que en muchos casos se tramitan de manera fragmentada, impidiendo una evaluación global de sus efectos sinérgicos y acumulativos: «Consideramos que la transición energética es necesaria y urgente, pero debe realizarse con criterios de racionalidad territorial, proximidad entre generación y consumo y cuya magnitud sea sometida a un Estudio de Impacto Ambiental integral que analice el conjunto del proyecto y sus ramificaciones, evaluando alternativas de trazado, soterramiento parcial y medidas correctoras suficientes. La proliferación desordenada de macroparques eólicos y fotovoltaicos, junto con sus infraestructuras de evacuación —subestaciones y líneas de Muy Alta Tensión—, está generando una sobreocupación de comarcas enteras, afectando a la biodiversidad, a los paisajes agrarios, a zonas de alto valor ecológico y a espacios incluidos en la Red Natura 2000 y ZEPA. Además, este modelo de implantación energética carece de una planificación pública integral que garantice equilibrio territorial, participación ciudadana y retorno socioeconómico local», ha declarado Jorge Pueyo, presidente de CHA.

Este es el texto de la proposición no de ley presentada por CHA y Comuns a través del Grupo Plurinacional Sumar:

«El Congreso, manifestando su rechazo al proyecto de la Línea de Muy Alta Tensión Escatrón-La Secuita en los términos actualmente tramitados, insta al Gobierno a:

1. Realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental integrado del conjunto del proyecto y de sus infraestructuras asociadas, incorporando los efectos acumulativos y sinérgicos, ya que su actual tramitación fragmentada en siete expedientes administrativos impide una evaluación ambiental completa y coherente.
2. Incluir en el Estudio de Impacto Ambiental integrado un análisis comparado de alternativas reales, incorporando al menos la alternativa cero, alternativas de trazado y microtrazado, soterramiento parcial en tramos críticos, y alternativas de sistema (optimización de la red existente, almacenamiento y gestión de la demanda), motivando expresamente la opción finalmente seleccionada en términos de proporcionalidad y minimización de impactos; y
3. Reforzar las garantías de participación pública y transparencia, facilitando información cartográfica operativa y accesible, y establecer mecanismos de seguimiento y gobernanza con los municipios afectados y otros agentes del territorio, antes de cualquier decisión irreversible, con el objetivo de evitar o minimizar las afecciones ambientales, territoriales, paisajísticas y socioeconómicas.»