Acabamos de recibir la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) a unas preguntas que presentamos en el Congreso sobre la corrupción en los proyectos de energías renovables de la empresa Forestalia. Esta es nuestra valoración de la respuesta y nuestra reacción:

CHA considera insuficiente la respuesta del MITECO al caso Forestalia

Jorge Pueyo: «Exigimos la máxima transparencia, un compromiso firme de que se sabrá toda la verdad sobre la corrupción de Forestalia, caiga quien caiga, y garantías de que no podrá volver a pasar algo así. También rechazamos una caza de brujas contra los funcionarios que han denunciado por responsabilidad las irregularidades detectadas. No podemos permitir que se utilice la transición ecológica para desproteger el medio ambiente y enriquecer corruptos. Desde CHA no permitiremos que se sacrifique nuestro territorio como botín de unos piratas energéticos que pisotean la ley»

[Zaragoza, 16/04/2026] En relación con el caso Forestalia, a requerimiento de CHA, el Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado la suspensión de «todas las autorizaciones vinculadas a los expedientes investigados que contaban con recursos en vía administrativa» y que se están analizando «los procedimientos de actuación, asignación de expedientes, incorporación de documentación y circulación de la información en la Subdirección General de Evaluación de Impacto Ambiental». Estas afirmaciones constan en la respuesta del Gobierno a las tres preguntas parlamentarias registradas por CHA en el Congreso, a través del Grupo Plurinacional Sumar, con el objeto de conocer: si el Gobierno tenía previsto suspender todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo Forestalia u otros, en los que participó el exsubdirector general Eugenio Domínguez, al encontrarse el proceso de concesión de autorizaciones y las propias declaraciones de impacto ambiental bajo investigación judicial; si se tenía previsto revisar todos los procedimientos tramitados por dicho exdirector general para detectar o descartar irregularidades; y si se iban a adoptar medidas para que empresas implicadas en casos de corrupción no puedan continuar participando cautelarmente en procedimientos como los del grupo Forestalia que se encuentran bajo investigación judicial.

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón y exdiputado del Congreso Jorge Pueyo ha valorado la respuesta como notoriamente insuficiente: «El Gobierno solo ha tenido a bien responder a una pregunta de las tres que se le formularon, la relativa a la revisión de los procedimientos administrativos relacionados con el exsubdirector general Eugenio Domínguez por parte de los órganos de inspección del MITECO. En cambio, no ha explicado si tiene previsto suspender los procedimientos de los proyectos bajo sospecha de corrupción, ya que se ha limitado a decir algo que ya sabíamos: que aquellos que contaban con recursos en vía administrativa debido a los contenciosos planteados por las plataformas de defensa del territorio están suspendidos en cumplimiento de la Ley 39/2015. Eso no es mérito del Gobierno y solo afecta a uno de los treinta y tres proyectos sospechosos de corrupción. Me temo que el Gobierno no ha movido un dedo para paralizar proyectos sobre los que pesa la sospecha de prácticas deshonestas y que son un peligro para el medioambiente porque no fueron objeto de una evaluación ambiental real. Eso sí, ha afirmado que ha proporcionado a la Guardia Civil los expedientes requeridos para la investigación, ¡faltaría más!».

«Tampoco ha dado respuesta a la pregunta de si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas para que empresas implicadas en casos de corrupción no continúen participando cautelarmente en procedimientos. ¿Qué credibilidad aspira a tener este Ministerio en la lucha contra la corrupción?», ha añadido Pueyo. «Por otra parte, el MITECO afirma que existe desde 2023 un canal interno de comunicación de denuncias. Cabe preguntarse para qué ha servido si se desoyeron las denuncias de los funcionarios sobre lo que sucedía en la Subdirección General de Evaluación Ambiental hasta en seis ocasiones, según se ha podido saber por las noticias publicadas en la prensa».

«Exigimos la máxima transparencia, queremos un compromiso firme de que se sabrá toda la verdad sobre la corrupción de Forestalia, caiga quien caiga, y garantías de que no podrá volver a pasar algo así y que todos los responsables queden apartados del Ministerio. También rechazamos una caza de brujas contra los funcionarios que han denunciado por responsabilidad las irregularidades detectadas. No podemos permitir que se utilice la transición ecológica para desproteger el medio ambiente y enriquecer corruptos. Desde CHA no permitiremos que se sacrifique nuestro territorio como botín de unos piratas energéticos que pisotean la ley».

Las preguntas de CHA:

El pasado 4 de marzo, a través del Grupo Plurinacional Sumar, CHA registró en el Congreso las siguientes preguntas parlamentarias:

«¿Tiene previsto el Gobierno suspender todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo energético Forestalia u otros, en los que participó el exsubdirector general Eugenio Domínguez, estableciendo una moratoria para todos ellos, al encontrarse el proceso de concesión de autorizaciones y las propias declaraciones de impacto ambiental bajo sospecha y bajo investigación judicial?»

«¿Tiene previsto el Gobierno competente revisar todos los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares que ha tramitado el exsubdirector general Eugenio Domínguez, que se encuentra bajo investigación judicial, con el objetivo de detectar o descartar irregularidades?»

«¿Tiene previsto el Gobierno adoptar las medidas normativas y administrativas necesarias para que empresas implicadas en casos de corrupción no puedan continuar participando cautelarmente en procedimientos como los relacionados con los proyectos de parques eólicos y solares promovidos por el grupo energético Forestalia que se encuentran en la actualidad bajo investigación judicial?»

La respuesta del Gobierno:

«Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se comparte la necesidad de asegurar el máximo rigor, transparencia y protección ambiental en toda la tramitación de proyectos energéticos. 

El MITECO ha proporcionados a la Guardia Civil los expedientes requeridos en el marco del procedimiento en curso abierto por el Tribunal de Instancia de Teruel, plaza nº 1. Todas las autorizaciones vinculadas a los expedientes investigados que contaban con recursos en vía administrativa están suspendidas en cumplimiento del artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, se ha abierto un análisis sobre los procedimientos de actuación, asignación de expedientes, incorporación de documentación y circulación de la información en la Subdirección General de Evaluación de Impacto Ambiental, llevada a cabo por la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios del MITECO, órgano que efectúa la tarea permanente de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las unidades dependientes de los departamentos ministeriales, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad, de acuerdo al artículo 1 del Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales. 

Desde julio de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con un canal interno de comunicación de denuncias, creado por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 16 de julio de 2023, para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

Madrid, 10 de abril de 2026.»