Acabamos de dar una rueda de prensa para denunciar una lacra de la que son víctimas las personas migradas: la mafia de las citas de extranjería. Esta es la nota que resume el acto:

Jorge Pueyo pide proteger los derechos de las personas migradas frente al negocio ilegal de las citas de extranjería

CHA propone en el Congreso un paquete de medidas para ampliar la oferta de citas y para acabar con la opacidad de la que viven las mafias

«No es aceptable que la necesidad de una persona migrada por regularizar su situación se convierta en negocio para mafias. La dificultad para conseguir citas a tiempo para renovar permisos puede llevar a la pérdida de empleo, a la imposibilidad de acceder a prestaciones y a una mayor vulnerabilidad frente a sanciones o expulsiones. La Administración tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario a los servicios y la tutela efectiva de los derechos»

Zaragoza, 14/01/2026. El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha comparecido esta mañana en la sede de CHA en Zaragoza ante los medios de comunicación para anunciar una iniciativa parlamentaria para proteger los derechos de las personas migradas frente al negocio ilegal de las citas de extranjería, y lo ha hecho acompañado de Hazel Callejas y Ruth Orduz, militantes de CHA, que han compartido sus testimonios personales.  Pueyo ha agradecido especialmente a Darwin Enríquez y a Ruth Orduz que formen parte de la candidatura de CHA, y que por su compromiso y su trabajo mantengan al partido en contacto directo con la realidad que viven las personas migradas que viven y trabajan en Aragón, y que por tanto son aragonesas.

«En los últimos años, el Estado español ha visto el surgimiento de un mercado ilegal para conseguir turnos y citas relacionadas con trámites de extranjería. Este fenómeno incluye redes que utilizan bots para acaparar espacios en las agendas oficiales, intermediarios que revenden esos espacios en plataformas públicas como Wallapop, Telegram y WhatsApp, y oficinas de gestión que actúan como intermediarios entre las víctimas y las estafas. Las cifras de detenciones y operaciones policiales indican que no se trata de un problema aislado: se han desarticulado redes entre 2023 y 2025 y se han llevado a cabo detenciones masivas por el bloqueo del sistema y la reventa», ha denunciado Pueyo.

«Las personas migradas son víctimas de esas mafias. La dificultad para conseguir citas a tiempo para renovar permisos puede llevar a la pérdida de empleo, a la imposibilidad de acceder a prestaciones y a una mayor vulnerabilidad frente a sanciones o expulsiones. Muchas víctimas han relatado haber pagado para evitar quedarse sin trabajo. Tengamos en cuenta que muchas personas migradas no dominan las plataformas digitales, no tienen tiempo para la “caza de turnos” o no pueden desplazarse a oficinas físicas que les resultan inaccesibles», ha declarado el candidato de CHA. «En este contexto, el Estado no puede mirar a otra parte. Cuando el diseño y la gestión de un servicio público generan una barrera tan evidente que se convierte en materia prima para mafias, hablamos de un fallo institucional. La Administración pública tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario a los servicios y la tutela efectiva de los derechos (incluido el derecho a la documentación y al trabajo). No es solo eficiencia administrativa: es justicia social. Las soluciones deben ser públicas, no mercadearse en el mercado negro».

«Por ello, haciéndonos eco de las justas reivindicaciones de los colectivos que defienden los derechos de las personas migradas, desde CHA hemos puesto esta situación en la agenda política a través de esta proposición no de ley, en la que reclamamos: ampliar recursos humanos y horarios para ampliar la oferta de citas; simplificación administrativa y ampliación de plazos para evitar situaciones de saturación del sistema; atención telefónica en varios idiomas, ventanillas prioritarias para casos urgentes y asistencia jurídica gratuita en denuncias por estafa; protección tecnológica contra bots y fraude; más transparencia y más información para acabar con la opacidad de la que viven las mafias, entre otras medidas».

Jorge Pueyo ha concluido: «No es aceptable que la necesidad de una persona migrada por regularizar su situación se convierta en negocio para mafias. Lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de austeridad administrativa, sistemas informáticos insuficientes y una gestión que prioriza trámites por volumen sin garantizar equidad. Exigimos un Estado que recupere la soberanía del servicio público: más recursos, mejores sistemas, controles reales y sanciones contundentes. No queremos que la desesperación se convierta en una tarifa más en el mercado negro: queremos justicia, derechos y oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios explotadores».